SEÑOR DIRECTOR:
El Centros de Estudios Públicos (CEP) difundió un artículo que aduce que ciertas enmiendas de los Republicanos ponen en peligro el proceso constituyente. Argumentan que las enmiendas para consagrar una autonomía reforzada de los proyectos educativos, la objeción de conciencia o la protección del que está por nacer, entre otras, “reintroducen en la discusión constitucional una política de la identidad”.
Lamentablemente, el estudio confunde el hecho que ciertas enmiendas busquen proteger la autonomía de las asociaciones o puedan “identificarse” como más cercanas a un sector político que a otro, con que éstas configuren una “política identitaria”, de las que conocimos abundantemente en el borrador anterior.
La política identitaria, propia de la nueva izquierda, es aquella que asocia privilegios a un “colectivo” de personas en razón de una supuesta injusticia o exclusión histórica, lo que choca directamente con la igualdad en el valor individual de cada ser humano.
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La controversia no es impedimento para que las ideas sean presentadas como una posible mejora al anteproyecto; menos aún si consideramos que muchas de las enmiendas presentadas son derechos que están actualmente consagrados en nuestro ordenamiento constitucional.
Lo realmente preocupante es que nuevamente existan enmiendas que insisten en ideas rechazadas por la ciudadanía en septiembre de 2022.
Ricardo Hernández
Director del Programa Constitucional Instituto Res Publica
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