Aun cuando la acusación constitucional de la que fue objeto el intendente de la Región Metropolitana no prosperó en el Senado -lo que produjo recriminaciones cruzadas al interior de la oposición-, el solo hecho de que una acción sin fundamento como ésta haya logrado escalar hasta esta instancia marca un negativo precedente, que anticipa los riesgos de que el Poder Legislativo termine siendo capturado por las presiones de la "calle".

Los diputados que impulsaron la acusación la fundamentaron, entre otros aspectos, sobre la base de que la política de "copamiento" de la Plaza Baquedano que había anunciado la Intendencia -tal que las fuerzas de Carabineros se desplegaran masivamente y por esa vía pudieran impedir que grupos de manifestantes se tomaran dicho espacio público, como ha venido ocurriendo sistemáticamente- devino en una grave violación a garantías constitucionales, como la libertad de reunión y el derecho a la libre expresión. Diversos parlamentarios de oposición también han hecho ver que dicha política de "copamiento" se da en un contexto de sistemática violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, lo que le daría más sustento y legitimidad a esta acusación.

Es evidente que de haber prosperado esta acusación en los términos que fue presentada habría implicado que la autoridad regional quedara en la práctica sin atribuciones para intentar contener el orden público, o pendiendo de la voluntad de la oposición para continuar en funciones, y no ya de la confianza del Presidente de la República. Todos quienes han detentado el cargo de intendente han contado con las mismas atribuciones que hoy se intenta cuestionar; por lo mismo, la acusación ha fallado en poder sustentar por qué esta particular estrategia de orden público implica una violación de derechos constitucionales, y no así acciones similares llevadas a cabo en administraciones anteriores.

Al darle curso a una acusación tan débilmente fundamentada, el Congreso se ha dejado arrastrar por la presión de grupos que dicen representar a la "calle", renunciando a su obligación de utilizar las herramientas que confiere la institucionalidad en forma responsable y de acuerdo a su mérito jurídico. Recurrir al expediente de destituir autoridades como una forma de asestar un daño político al gobierno augura una inconveniente polarización y una incapacidad para tomar distancia de los grupos más vociferantes.

En este contexto cabe valorar que dos senadores de oposición -ambos de la Democracia Cristiana- hayan mostrado el coraje suficiente para haberse abstenido de aprobar esta acusación, y explicar sus razones de cara a la ciudadanía. Tal actitud contrasta con la de aquellos senadores que por distintas razones prefirieron ausentarse de la sala, probablemente conscientes de que se trataba de una acusación débil e injusta. Pero dado que la carta fundamental les confiere a los senadores el rol de jurado en caso de una acusación constitucional, lo esperable es que hubiesen estado en sala para fundamentar su decisión. Sería dañino para la propia democracia que en lo sucesivo se valide que los parlamentarios puedan ausentarse sin más cada vez que una votación les resulte incómoda.