Preocupante olvido de la situación de Nicaragua
El último informe de Naciones Unidas detalla un escenario dramático de violaciones a los DD.HH. y crímenes de lesa humanidad que exigiría una actitud más decidida de la comunidad internacional contra el régimen de Daniel Ortega.
“Desde abril de 2018 (…) varias instituciones del Estado y grupos armados progubernamentales participaron en la comisión de graves violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en contra de personas opositoras o percibidas como tales, siguiendo órdenes emitidas desde la Presidencia y la Vicepresidencia”. La conclusión anterior es parte del segundo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren) de la ONU dado a conocer el 10 de septiembre, que da cuenta de la crítica situación que se vive en ese país centroamericano.
Según el Ghren, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo son responsables de “coordinar” un aparato represivo del Estado para eliminar todo tipo de disidencia interna, el cual “lejos de haber cesado” entre el primero y el segundo informe, “ha continuado perpetuándose”. En las 130 páginas del documento dado a conocer en Ginebra no sólo se entregan dramáticos detalles de los métodos de tortura usados por los organismos del Estado para silenciar a grupos políticos opositores, representantes de la sociedad civil y miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, sino también se da cuenta de la estrategia sostenida del régimen para eliminar cualquier organización con cierto nivel de autonomía que pudiera desafiar su autoridad, cancelándole su personalidad jurídica. En los últimos años, a más de 5 mil ONG se les ha revocado arbitrariamente este reconocimiento al igual que a otras 1.103 organizaciones religiosas. En el caso de la Iglesia Católica, el régimen ha detenido religiosos, bloqueado las cuentas de varias parroquias y expropiado la Universidad Centroamericana a la Compañía de Jesús.
A lo anterior se suma la expulsión de cientos de personas que se han visto forzadas a elegir entre la cárcel o la salida del país. A inicios de septiembre, 135 mil nicaragüenses detenidos por razones políticas fueron exiliados a Guatemala y privados de su nacionalidad. Paralelamente, le fueron confiscados sus bienes sin opción alguna de defensa o apelación ante la medida, por la ausencia de un poder judicial autónomo, como estableció el informe. “Hoy por hoy, Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”, señala el Ghren, según el cual desde abril de 2018 “el Presidente Ortega y la Vicepresidenta Murillo han instrumentalizado las estructuras y los poderes del Estado, desconociendo la separación de los poderes públicos y sujetándolas a sus intereses partidarios con el fin de asegurar su control”.
El informe del Grupo de Expertos retrata un país sometido a un régimen del terror y controlado en forma absoluta por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, lo que se ha intensificado desde que esta última asumió como vicepresidenta del país en 2017, tras unas elecciones en las que la oposición decidió retirarse por carecer de mínimas garantías. Resulta por ello preocupante la falta de una acción más decidida de la comunidad internacional ante la situación de Nicaragua. Una pasividad que deja a su población al arbitrio de un régimen que ha demostrado no solo carecer de cualquier tipo de consideración o respeto por las garantías individuales, sino que atenta abiertamente contra los derechos básicos de cualquier ser humano.
