Preocupante señal de intolerancia en el Senado

La Comisión de Constitución del Senado protagonizó esta semana una bochornosa jornada, durante la sesión en que los postulantes propuestos por el Presidente de la República para integrar el Consejo para la Transparencia (CPLT) -la abogada Natalia González y el académico Bernardo Navarrete, de la Usach- se sometieron a las consultas de los senadores. Los parlamentarios de oposición tuvieron una conducta especialmente hostil hacia la abogada González, a quien se le cuestionó que no tuviera intenciones de dejar el Instituto Libertad y Desarrollo -donde ejerce como directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos- en caso de llegar al CPLT, en circunstancias que anteriormente no fue obstáculo para que otros consejeros pudieran desempeñarse en el Consejo y a la vez en think tank. Pero el punto más complejo lo protagonizó el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien además de acotar que “el CPLT no puede ser un canal de transmisión para ir a defender los intereses de ciertos sectores”, hizo ver que la postulante sostiene convicciones que denotan “cierto fanatismo”. De esta forma, y por tres votos contra dos, la propuesta del Ejecutivo pasó a Sala con informe negativo.

Este tipo de descalificaciones personales resulta impropio de la Cámara Alta, rompiendo la sana tradición de ser ante todo un foro en que puedan abordarse asuntos de interés en un marco mesurado y con altura de miras. No está en cuestión que los senadores tienen la potestad constitucional de aceptar o rechazar la propuesta del Presidente de la República, como tampoco que busquen preservar ciertos equilibrios políticos; pero cuando menos cabría esperar que tal decisión se funde sobre bases más razonables, atendiendo desde luego a la trayectoria profesional de los postulantes, y cuidando asimismo el tono de la argumentación, no dejándose llevar por prejuicios o descalificaciones, porque con ello se desnaturaliza el rol del Senado.

Resulta especialmente delicado que en esta ocasión se hayan cuestionado las convicciones de una persona que aspira a un cargo público, pues de esa forma se está descalificando a alguien por lo que piensa, por su libertad de conciencia, en definitiva, por quien es, lo que resulta un derrotero peligroso y de ninguna manera podría ser esa la vara con que se evalúe la idoneidad de alguien, mucho menos para el ejercicio de funciones públicas. Reprochar “fanatismo” a quien piensa distinto supone una conducta profundamente antidemocrática y poco respetuosa de una sociedad diversa, en donde el respeto y la tolerancia son ejes fundamentales para una sana convivencia cívica.

Cabe no perder de vista que dicho espíritu de tolerancia será fundamental en los procesos que siguen, especialmente en la discusión constitucional. La Convención probablemente estará integrada por personas muy diversas, y para que el diálogo y el entendimiento puedan fructificar nadie podría ser descalificado o vetado por las convicciones que sostiene. El país ya atraviesa por un clima de preocupante polarización, y muchas de sus instituciones han caído en el descrédito, por lo que el Senado debe ser especialmente cuidadoso de no contribuir aún más a este desprestigio.