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Opinión

Prisión preventiva


SEÑOR DIRECTOR
La comisión asesora del Ministerio de Justicia para reformar el proceso penal propuso una serie de modificaciones en materia de prisión preventiva, comenzando por definir que la medida tiene por objeto asegurar la presencia del imputado en los actos del procedimiento, aplicar a esta definición una serie de criterios que hoy se consideran como indicios de peligrosidad, dar contenido a la idea de peligro para la “seguridad de la sociedad” como peligro serio y real de comisión de nuevos delitos según antecedentes objetivos, y algunas otras.

Todas estas propuestas son valiosas, pero ninguna de ellas resolverá los problemas más serios, que son institucionales y no simplemente normativos. Por ejemplo, cuando se usa la prisión preventiva como herramienta de negociación en las instancias previas a la formalización, donde sirve para instaurar una especie de delación compensada informal. Así, el primer imputado que se allana a delatar, resulta premiado con un trato benigno, concedido al momento de solicitarse las medidas cautelares. La prisión preventiva se aleja así de su marco constitucional, conforme al cual solo procede cuando es necesaria para la investigación, o para la seguridad de la sociedad o del ofendido. Este marco debería bastar para dejar a esta herramienta extrema, aunque necesaria, al margen de negociaciones estratégicas.

Por otro lado, en todos los delitos que no tienen pena de crimen -como ocurre con algunos delitos económicos, siempre que no sean reiterados y el acusado no tenga condenas previas-, la prisión preventiva se considera a veces como la única forma de obtener el verdadero “castigo” del infractor, aunque por esta vía irregular. En esta forma de razonar confluyen diversos prejuicios contrarios al sistema, como la devaluación objetiva de la presunción de inocencia, pero también una práctica judicial que es reacia a imponer sanciones más elevadas, incluso cuando la ley las establece.

En síntesis, solo cabe celebrar las propuestas de la comisión asesora, pero no se puede perder de vista que el principal problema es institucional.

Alex van Weezel
Profesor de Derecho UC

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