De manera sigilosa, representantes del centro noruego Nansen -una entidad especializada en facilitar el diálogo en conflictos de orden político- han estado llevando a cabo en los últimos días una serie de encuentros con distintos estamentos a fin de facilitar un diálogo con miras a buscar una solución respecto del crítico problema que representa el llamado conflicto indígena, el cual ha generado situaciones de creciente violencia en la llamada Macrozona Sur.

Los encuentros que se han llevado a cabo con el Presidente de la República, así como la exposición que tuvo lugar en la Convención Constitucional, han sido bien recibidos, permitiendo que poco a poco se genere un clima de distensión en una materia donde las posturas están altamente polarizadas. Destacable es también el encuentro que se acaba de sostener con los rectores de las principales universidades de La Araucanía, quienes han recibido capacitación para así tener mejores herramientas en eventuales procesos de diálogo que se abran a futuro.

El objetivo de Nansen -que para el Estado chileno no representa costos- es poder reunirse con la mayor cantidad de actores posibles, sin que sea la entidad la llamada a proponer caminos de salida al conflicto, sino facilitar que puedan producirse instancias de diálogo. La experiencia internacional que posee el organismo -que ha participado en los procesos de paz de Colombia, así como en los Balcanes, Afganistán y Polonia, entre otros- puede ser especialmente de utilidad.

El conflicto indígena es de tal profundidad que una solución política que resuelva integralmente un problema que ya se arrastra por décadas -o incluso siglos, si es que se le quiere dar una dimensión histórica- se ve especialmente compleja, sin que ninguna administración haya logrado acercar las partes y lograr una salida consensuada. Es un hecho que con el paso del tiempo los grupos que han decidido recurrir a la violencia han llevado a cabo incluso actos de connotación terrorista, donde numerosas vidas se han perdido, y prácticamente no hay día en que no se reporten ataques a forestales o amedrentamientos a agricultores de la zona, en tanto que las propias comunidades indígenas experimentan en carne propia los efectos de este conflicto que no cesa.

Es en este contexto donde cualquier oportunidad que busque abrir instancias de diálogo -sin perjuicio de las acciones del Estado para recuperar el estado de derecho y combatir a los violentistas- debe ser aprovechada, porque ninguna solución será posible si es que no viene precedida de acuerdos y entendimientos entre partes que hoy están en conflicto. Estos esfuerzos de acercamiento se han intentado antes sin mayor éxito -bajo el actual gobierno se promovió de hecho una mesa de diálogo que logró frutos interesantes, pero que lamentablemente no ha sido retomada-, pero ello no debe ser justificativo para desestimar nuevos intentos en esa línea.

La relación del país con los pueblos originarios y las demandas que éstos históricamente han formulado de reconocimiento, autonomía así como de recuperación de tierras serán materias que habrán de ser abordadas en la instancia constituyente, pero probablemente por lo escaso del tiempo y la complejidad que encierra, el tema no se agotará ahí. De allí la importancia de que en lo que toca a un conflicto que sobre todo afecta a La Araucanía se vayan abriendo desde ya caminos de entendimiento.