Ya está clara la segunda vuelta. En un Chile con graves problemas de seguridad, vivienda, barrios y deterioro de centros históricos, y aunque las candidaturas tengan, en lo global, diagnósticos comunes sobre esto, las vías de solución muestran diferencias importantes. Dicho eso, hay tres aspectos del programa de Jeannette Jara que arriesgan agravar o entorpecer el avance que requieren nuestras viviendas y urbes.

El primero (medida 263 del programa) es la inclusión de un “mecanismo de recuperación de la apreciación del valor de los terrenos para su reinversión en las comunas beneficiadas”. Conocido como “captura de valor” o “captura de plusvalías”, esto consiste en que, después de una inversión pública que mejore un sector (infraestructura, plazas, equipamiento, etc.), y si la mejora se traduce en un aumento de valor de las propiedades cercanas (lo esperable), el Estado “captura” (con alguna forma de tributo) parte de ese aumento para reinvertirlo en otra zona. En el Chile de hoy es contradictorio que el mundo público piense en recuperar el aumento de valor de una propiedad en sectores que han sufrido por vandalismo, incendios, abandono, negligencia e informalidad: ¿no es para devolver ese valor perdido que se realizan las obras públicas? Por lo demás, esa captura ya se hace a través del pago de contribuciones y reavaluos periódicos. ¿Se pagará entonces dos veces por ese aumento de valor? Y si una obra del Estado, o una inacción injustificada de su parte, disminuye el valor de una propiedad, ¿se compensará a su dueño por ello?

El segundo es el desarrollo de una “inmobiliaria pública” (medida 257) que “podrá desarrollar proyectos de gestión inmobiliaria y habitacional”, a través del “fortalecimiento del Fondo de Infraestructura S.A”. Hemos visto en estos últimos cuatro años los gravísimos problemas de déficit financiero del Minvu; la incapacidad de llevar adelante un programa de reconstrucción post incendio; los enormes montos perdidos (aún sin explicar) en el caso “fundaciones”. ¿Con qué confianza entregarle a un Estado y a un sector que exhibe estos antecedentes, esta gestión, una atribución de este tipo?

El tercero (medida 144 del programa en su versión de agosto, aunque “desaparecido” en la de octubre) es la idea de “dotar al Estado de la capacidad de contratación directa de la construcción de viviendas de interés público”. ¿Contratación directa? ¿Sin pasar por un proceso competitivo y transparente? ¿En el escenario actual, en el que hemos sido testigos de enormes conflictos en la asignación de recursos públicos a entidades que no tenían las competencias, o que prometieron y no cumplieron? ¿Persiste esta propuesta en la cabeza de la candidata?

Una política pública debe juzgarse en función de las capacidades reales de un Estado de llevarlas adelante, sin profundizar el riesgo de corrupción, sin ahondar las injusticias, garantizando el uso eficiente de los recursos, y asegurando que los fondos lleguen a quienes de verdad los necesitan. Juzgue usted.

Por Ricardo Abuauad, Director Campus Creativo UNAB y profesor UC.