Mientras se sigue revelando información sobre la corrupción en Gendarmería, el anuncio del Presidente sobre la reforma constitucional para traspasar ese servicio al Ministerio de Seguridad Pública, creando una policía penitenciaria, ha generado eco en los sindicatos institucionales abriendo un desafío no menor para el gobierrno entrante.

La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) hace una semana marcó el tono de las conversaciones. Con exigencias inmediatas y seis puntos para negociar, donde, pareciera que el único relevante es la desaparición de la sindicalización, adelantaban un escenario bastante hostil.

En el caso de que se realicen las mesas de trabajo que demandan, aseguren la carrera funcionaria y la escala de sueldos, Gendarmería, debiese pasar al capítulo XI de la Constitución, transformarse en una policía penitenciaria, elevar su nivel al de institución del Estado y ser apolítica, no deliberante y obediente, es decir, los sindicatos no tienen cabida y, la ANFUP no lograría el objetivo. La reacción gremial es de esperarse, movilizaciones y huelgas en contra de la reforma y su implementación. Metodología usada anteriormente para defender a sus integrantes o levantar la voz por algún hecho en particular.

El problema no son los paros que pueda realizar el servicio, otros también lo hacen, el problema es que en la práctica los más de 8 gremios, las verdaderas guerras de sumarios y las “movilizaciones armadas” que realiza la Gendarmería no debiesen estar permitidos.

De acuerdo con su Ley Orgánica, “tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que, por resolución competente, fueren detenidas o privadas de libertad”. En ese contexto le corresponde dirigir todos los recintos penales y velar por la seguridad al interior de ellos. Dos funciones bastante distintas y que requieren de capacidades diferentes.

La reinserción social necesita de sicólogos, sociólogos, antropólogos y otros profesionales que puedan realizar un trabajo integral con el reo y su comunidad, basado en su categorización, nivel de reincidencia y posibilidades reales de reinserción.

La seguridad de los penales requiere de habilidades y conocimientos distintos. Necesita de una verdadera policía, con entrenamiento y manejo de armamento, dominio pleno de la inteligencia. Las cárceles son una fuente de información criminal fundamental y ni sicólogos, sociólogos o antropólogos están preparados para procesarla. Decisiones sobre permitir el uso de celulares solo para escuchas y perseguir bandas delictuales requieren otro tipo de preparación y, en ese caso, una reforma que cree una policía penitencia podría ser el camino para avanzar hacia una respuesta adecuada a la criminalidad que enfrenta.

Implementar la reforma necesariamente significa un choque con los gremios y, para ellos, el trabajo de la OPE debe avanzar en los tres escenarios principales posibles para evitar el colapso de los penales más corruptos. Las señales deben ser claras desde el principio no pueden existir dudas o medias tintas, de lo contrario comenzarán con un punto en contra en uno de los temas prioritarios en materia de seguridad.

Por Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe consulting