SEÑOR DIRECTOR:

Iniciamos marzo con optimismo: un inesperado Imacec positivo de 0,4% y un IPC negativo de 0,1%, avizoraba un escenario positivo, después de los desastres ocasionados por los incendios forestales. El gobierno mostraba una buena gestión de la catástrofe y la ciudadanía reconocía su mérito. Pese a algunos desencuentros, se veía voluntad de diálogo y acuerdos público-privados para enfrentar la emergencia y estudiar la necesidad de regulaciones y medidas preventivas en el sector forestal. Así también quedó en evidencia la urgencia de contar con planes de ordenamiento territorial en cada región.

En este escenario llegamos al 8 de marzo y el rechazo en la Cámara de Diputados y Diputadas a la idea de legislar sobre la reforma tributaria propuesta por el gobierno y aprobada en comisión.

¿Nos volvimos a desconcertar? ¿Cómo se entiende este rechazo? ¿Cuál es la vinculación del Parlamento con la ciudadanía y sus necesidades?

Las explicaciones de quienes no quisieron analizar y mejorar el proyecto son, a veces, insólitas: no conversaron (conmigo), no hay solución a los problemas de determinada región, maltrato de un ministro. Otras razones, más vinculadas con el contenido del proyecto de ley, y no siempre explícitas, se vinculan con la defensa de intereses.

Se rechaza la idea de analizar y mejorar un proyecto diseñado para financiar con ingresos permanentes, gastos permanentes, como el aumento de PGU, reforma a la salud o reforma de pensiones con argumentos no relacionados con el contenido del proyecto.

Por último, como siempre surgen las voces que plantean que esta reforma afecta a las Pymes, aun cuando los gremios del sector nunca promovieron la idea de no legislar y se mostraron abiertos al análisis del proyecto, sin olvidar que contenía medidas tributarias específicas, dirigidas a mejorar la productividad, la innovación y el apoyo a las pequeñas empresas.

El buen diálogo siempre permite mejorar; negarse al diálogo inmoviliza y destruye, y perdemos todos.

Ana María Correa L.

Economista