Retiro de fondos de pensiones: una salida que se debe evitar

El país se apronta a enfrentar una verdadera prueba de fuego respecto a su fortaleza institucional, la que deberá demostrar si es capaz de resistir los múltiples embates -a través de distintas mociones presentadas en el Congreso- que presionan para que se autorice a los afiliados a retirar parte o el total de sus fondos de pensiones, con el fin de ayudar a enfrentar los devastadores efectos económicos de la pandemia.

Es evidente que cuando ya se han perdido más de 1,5 millones de empleos, y la actividad económica se ha hundido a cifras sin precedentes, el Estado debe contar con una batería de apoyo que necesariamente habrá de abarcar también a grupos socioeconómicos de clase media, también gravemente afectados por la pérdida de ingresos. Pero esta urgencia no exime de la obligación de diseñar herramientas eficientes, bien focalizadas y en armonía con el conjunto de las políticas públicas. La alternativa de utilizar los fondos de pensiones es regresiva, y aun cuando podría traer alivios temporales, en el largo plazo es previsible que ocasionará un daño de magnitud en el sistema de pensiones, lo que va en detrimento de los propios trabajadores.

La gran mayoría de los trabajadores, habida cuenta del bajo ahorro previsional que poseen, podría retirar una cifra muy menor, lo que desde ya adelanta que solo una fracción estaría en condiciones de rescatar sumas que sean relativamente significativas para enfrentar una emergencia (cerca del 30% de los afiliados tiene entre 7 y 20 millones de pesos ahorro). Una medida de limitado efecto y transitoria podría producir, sin embargo, daños permanentes sobre el sistema, un riesgo que debe ser evaluado con detención por los legisladores.

En algunos casos se ha planteado que los afiliados puedan retirar hasta el 10% de los fondos -otras propuestas hablan del total del ahorro-, guarismo que aunque pueda sonar razonable, se enfrenta con la dificultad práctica de que una vez abierta esa puerta, nada garantiza que a futuro -pues es posible que los efectos sociales y económicos de la pandemia se extiendan por mucho tiempo- no existan nuevas presiones para ampliar dicho límite, especialmente cuando la pulsión populista de una parte del Congreso parece inmoderada. De esta forma, lo que se piensa como una solución transitoria y excepcional, bien podría convertirse en una política permanente para enfrentar situaciones de crisis, desnaturalizando el sentido de un sistema de pensiones.

No parece haberse dimensionado tampoco que esta solución puede resultar muy onerosa para los propios afiliados, pues tendrán menos recursos para capitalizar, y perderán la oportunidad de aprovechar los períodos de alza de los fondos de pensiones. En el período enero-mayo, los fondos más intensivos en renta variable (A y B) anotan retornos negativos (-10% y -6%, respectivamente), y es posible que las pérdidas se profundicen. Sin embargo, la experiencia también indica que apenas el mercado percibe señales de recuperación rápidamente estos activos se valorizan, pudiendo alcanzar retornos sobresalientes. Es lo que ocurrió en la crisis de 2008, cuando los fondos más riesgosos registraron un desplome de hasta 40%; para diciembre del año siguiente, en cambio, el retorno real acumulado llegó a 43% para el caso del fondo A. De allí que en esta discusión no puede estar ausente la pregunta de cuál será el costo alternativo para los afiliados de eventualmente no poder aprovechar un posible repunte, pues ciertamente los plazos previstos para que los afiliados devuelvan estos fondos exceden con largueza el período de bonanza que en algún momento podría venir.

Menos ahorro en la cuenta de capitalización de los trabajadores implicará menores pensiones en el futuro, y si es el Estado quien deba devolver los fondos retirados, probablemente deberá hacerlo mediante algún tipo de bono de reconocimiento, cuyo costo financiero podría ser sustancialmente mayor respecto de fórmulas alternativas. Tal como lo han advertido transversalmente diversas voces expertas, el sentido de un sistema previsional es velar por las futuras pensiones, y cualquier reforma debe apuntar a cómo fortalecer dicho ahorro, no a debilitarlo.

Según ha trascendido, en los próximos días el gobierno anunciaría medidas para ir en ayuda de los sectores medios. Se ha barajado la posibilidad de que a través de Banco Estado se puedan extender créditos blandos a las personas, una alternativa que parece razonable, habida cuenta de que se trata de un mecanismo de ayuda directo, y cuya recuperación parece más factible. Fundamental es que cualquier paquete de rescate se enmarque dentro de los límites fijados en el reciente acuerdo político para enfrentar la emergencia, el cual estableció montos y objetivos fiscales muy precisos.