La recientemente promulgada ley de educación superior no fue objeto de las tradicionales ceremonias que para estos casos se estilan en La Moneda. Tampoco hubo mayor celebración dentro de la propia comunidad académica. La razón de fondo para este frío recibimiento probablemente se explica por los gruesos errores de diseño de esta norma, que además de contener un exceso de regulaciones, las condiciones bajo las cuales las universidades que quieran permanecer o acceder a la gratuidad amenazan con provocarles una severa crisis financiera.

Es ilustrativo que el rector de la Universidad Alberto Hurtado, en entrevista con este medio, señalara que la adscripción a la gratuidad le ha provocado al plantel un déficit del orden de $ 1.500 millones anuales, lo que pone en duda la continuidad de la institución en la gratuidad. "La Universidad no sacrificará la calidad por la inclusión", planteó el rector. Esta realidad de estrechez financiera se repite en buena parte de las entidades adscritas a la gratuidad, las que de acuerdo con la nueva ley cuentan con un plazo de apenas 60 días para decidir si continúan o no adscritas, plazo completamente insuficiente para poder ponderar todas las variables que inciden en esta decisión.

Es previsible que la regulación de aranceles que contempla esta ley y las restricciones para la ampliación de matrícula afectarán gravemente a aquellas universidades más complejas, que requieren financiar toda un área de investigación. A la luz de todo ello, resulta difícil sostener que el país ha ganado con esta reforma.