Riesgos y fortalezas del escenario que se abre para el país

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Ahora que se ha consolidado el escenario político, asoman riesgos relevantes, pero también una importante ventaja: la deliberación constitucional se canalizará a través de un proceso reglado con quórums que exigirán acuerdos.


La elección de los miembros de la Convención Constituyente refleja un sustancial cambio en las fuerzas políticas tradicionales del país. A la caída histórica de la representación de los partidos de derecha, se suma el mal resultado de la antigua Concertación y la casi desaparición de la Democracia Cristina. Por el contrario, las fuerzas de izquierda, lideradas por el Frente Amplio y el Partido Comunista, salen fortalecidos de la contienda, consiguiendo importantes escaños en la citada elección. Sin embargo, esto es solo una parte del nuevo escenario, porque los grandes ganadores son sin duda los independientes, grupo que pasa a ser mayoritario en la convención, y cuyo domicilio político se ubica en general a la izquierda de los partidos tradicionales.

Por lo anterior, parece evidente que el país hizo un giro brusco a la izquierda política, algo que se viene plasmando desde el llamado estallido social. Las repercusiones que esto tenga sobre las elecciones que vienen -parlamentarias y presidenciales- están por verse, pero en esa fase no cabe descartar que el resultado pueda mostrar una tendencia parecida.

Este fuerte cambio en el mapa político será sin duda plasmado en la nueva Constitución, aunque el resultado final estará influido por dos variables clave. La primera, es que ninguno de los conglomerados tiene el tercio de los votos que permitiría bloquear ciertas iniciativas. La segunda, es que nadie sabe con certeza la inclinación de los independientes. Estos dos factores, que a primera vista pueden aparecer desestabilizadores, también abren una oportunidad para construir una Constitución más negociada y representativa.

Es inevitable, en todo caso, que ante un cuadro tan inesperado como el que surgió a partir del fin de semana pasado aumente la incertidumbre y por ahora surjan más interrogantes que certezas. Con todo, hay un elemento que no puede dejar de reconocerse: ahora que se ha consolidado el escenario político -que venía convulsionándose desde los sucesos de octubre de 2019-, el país sabe con más claridad cuál es el terreno sobre el que tendrá lugar la deliberación pública. Si tras el estallido y luego el plebiscito de octubre pasado surgió mucha especulación sobre qué fuerzas dominaban la escena, si el fenómeno de las protestas era algo puntual o si en cambio traslucía un malestar mucho más profundo, si la centroderecha y los sectores de izquierda más moderada habían perdido presencia o no, todo eso quedó más despejado y facilita la toma de decisiones, pues las distintas corrientes ya saben a qué atenerse y cómo diseñar sus estrategias.

La necesaria clarificación del escenario no es lo único. Se une a que previamente se había definido -primero en virtud de un gran acuerdo político, y luego refrendado mayoritariamente en las urnas- un proceso reglado para encauzar institucionalmente el debate constitucional, con plazos perentorios y con altos quórums, lo que exigirá alcanzar entendimientos. Esto, porque eliminado el fantasma del bloqueo con un tercio, los constituyentes estarán obligados a buscar grandes acuerdos en las distintas normas, algo que es fundamental a la hora de elaborar una Constitución. En otras palabras, si bien nadie tiene derecho a veto, tampoco nadie por sí solo tiene derecho a imponer ciertas normas.

Lo anterior ciertamente no elimina el riesgo de que la fragmentación de fuerzas o una inclinación hacia la izquierda más extrema puede conducir a una Carta Fundamental poco articulada o desbalanceada; incluso, en el peor de los casos, que no se llegue a acuerdo alguno respecto a materias fundamentales. Aquello, sin embargo, junto con significar una sombra, impone un desafío mayor sobre los constituyentes. Ellos deben trabajar entendiendo la importancia de la labor que les ha sido confiada. Que hay un país entero esperando que hagan un buen proyecto y, también, porque saben que lo que propongan será plebiscitado. Es decir, este no es un encargo a ciegas. Tiene que pasar un nuevo escrutinio público, lo que significa que la Convención tendrá que rendir cuentas de su trabajo.

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