SEÑOR DIRECTOR

En el Poder Judicial todo el sistema investigativo descansa plácidamente desde marzo de 2020, con la llegada del Covid. Diligencias de la PDI, Carabineros e incluso de los fiscales, se dilatan por meses e incluso años.

Este es un problema estructural del sistema que siempre ha estado, pero hasta antes de la pandemia había un acuerdo tácito, una especie de equilibrio precario donde se generaban demoras, pero en ningún caso se superaban los seis meses, como ocurre hoy.

Creemos que hay que tomar el toro por las astas. Se debiera modificar la ley y poner un plazo investigativo razonable en las causas antes de la formalización de cargos y la efectiva realización de las diligencias debe tener control judicial. Así como los imputados pueden pedir al tribunal audiencia de control de garantía, las víctimas debiesen poder solicitar lo mismo por dilaciones indebidas, ya que todos tenemos derecho a juicios justos. Actualmente, solo se exige cumplir tiempos después de formalizar (dos años máximo), por lo que previo a este paso, hay total indefensión por parte de las víctimas y puede dilatarse el proceso indefinidamente.

Así, si se investiga un delito de receptación de joyas, al momento de formalizar ya se fundió el oro. Si se investiga un delito informático, a los 30 días sin ninguna diligencia ya hay muchos datos que es simplemente imposible de recuperar. El resultado final: impunidad.

Felipe Barruel

Susana Borzutzky

Abogados