Santiago y el flagelo del comercio ambulante

No corresponde que la alcaldesa pretenda deslindar la responsabilidad del control de este problema al Ministerio del Interior, cuando ha sido el propio municipio el que ha enviado señales muy equívocas en la materia.



Dos recientes hechos ocurridos en la comuna de Santiago han ilustrado en toda su magnitud la crisis de inseguridad y desorden que allí se vive, en buena medida producto del descontrolado crecimiento del comercio ilegal y la incapacidad de las autoridades para contener el flagelo. Por una parte, en una fiscalización a vendedores ambulantes en la Plaza de Armas, carabineros y fiscalizadores municipales a cargo del procedimiento terminaron siendo agredidos por comerciantes ambulantes, quienes además lograron arrebatarles los elementos y mercaderías incautadas, un hecho que se suma al video viralizado donde dos menores con armas blancas amenazaron a una mujer que pretendía ofrecer en la calle sus productos.

Lo ocurrido da cuenta de una situación escandalosa, lo que por cierto lleva a interrogarse acerca de la responsabilidad que les cabe a las autoridades municipales, que son las primeras llamadas a hacer frente a este problema. El comercio ilegal es una práctica que se ha extendido a lo largo del país, pero que en comunas como Santiago ha tendido a acentuarse de manera peligrosa, en parte por el alto flujo de población flotante que cada día recibe. Pero que una situación como esta ocurra con esta intensidad en dicha comuna no cabe atribuirlo solo a los altos flujos de circulación, sino fundamentalmente a las erráticas políticas del municipio, y en particular de su alcaldesa, donde la permisividad respecto del comercio ambulante ha terminado alimentando el fenómeno hasta tornarlo en algo que ya parece inmanejable.

Tempranamente la alcaldesa hizo ver la necesidad de abordar este fenómeno a través de un “ordenamiento democrático del territorio”, pero en vez de impulsar medidas que pusieran coto a esta práctica, anunció que había margen para extender en más de mil los permisos a estos comerciantes. Tal medida fue objeto de una oleada de críticas, lo que en la práctica se tradujo en que solo se entregaran un puñado de permisos, pero la sola señal bastó para alimentar las expectativas de los ambulantes y que estos se sintieran con el derecho a ocupar calles y esquinas a su antojo, sin que la autoridad municipal ejerciera acciones decididas para impedirlo.

El municipio logró anotarse un relativo éxito al impulsar el desalojo de ambulantes en el barrio Meiggs -sector que ha sido epicentro de graves hechos delictuales, donde incluso resultó asesinada una periodista-, pero claramente ello ha sido insuficiente para controlar su presencia en otros lugares de la comuna.

A la luz de todo ello sorprende que la alcaldesa pretenda ahora deslindar sus responsabilidades como autoridad comunal intentando trasladar la solución del problema al Ministerio del Interior. La mayor presencia de Carabineros es una materia que efectivamente depende de instancias que no manejan los alcaldes, pero el control del comercio ambulante y el cumplimiento de las ordenanzas depende en primer lugar de los municipios, para lo cual es indispensable que existan directrices claras sobre la materia, que no parece ser el caso aquí.

Se están haciendo evidentes las perniciosas consecuencias de haber consentido que el poder coercitivo del Estado fuera dejado de lado, y prevalezca la ley del más fuerte. Ayer se difundieron imágenes de una Plaza de Armas y alrededores sin comercio ambulante; siendo esto favorable, cabe esperar que a partir de ahora se envíen las señales correctas, en beneficio de la comuna y sus vecinos.

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