El desempleo llegó a 9,6%, su nivel más alto en cinco años, y buena parte de la esperanza de recuperación está puesta en la minería. Según la Corporación de Bienes de Capital (CBC), el sector concentra el 40,5% de la inversión proyectada al 2030 y su demanda de trabajadores crecería con fuerza desde 2028. El Gobierno, por su parte, monitorea día a día los proyectos con aprobación ambiental para adelantar su inicio.

Pero una RCA no es un contrato de trabajo. De los trece megaproyectos aprobados este año, ocho ya han enfrentado recursos administrativos, antesala habitual del tribunal ambiental. La propia CBC advierte que el empleo proyectado depende de que se cumplan los cronogramas. Basta un litigio prolongado para que la curva de 2028 se corra varios años.

La Ley de Reconstrucción, recién despejada por el Tribunal Constitucional, acorta plazos de invalidación y pone techo a las medidas cautelares. Es un avance, pero la puerta judicial sigue abierta y sin reloj. Aprobar rápido sirve de poco si nadie sabe cuánto tarda lo aprobado en quedar firme.

El Ejecutivo vigila la tramitación con lupa. Haría bien en mirar con igual atención lo que ocurre después de la RCA, porque es ahí donde hoy se juegan los empleos prometidos.

El último informe de la CPC sobre judicialización de proyectos del SEIA señala que en el primer semestre de este año ingresaron 32 causas, récord desde la creación de estos tribunales, y el stock pendiente llegó a 67 causas, con US$ 10.655 millones a la espera de sentencia.

Lo más revelador es quién litiga. En casi nueve de cada diez casos, quien demanda es un tercero ajeno al proceso, y casi siempre contra proyectos que el Estado ya aprobó. Es decir, la puerta más usada para llegar a tribunales tiene la particularidad de que no exige haber participado en la evaluación ambiental. Quien nunca opinó durante el proceso puede, igual, pedir que se anule su resultado. Es como no ir a votar y después pedir que se anule la elección.

¿Y cuánto rinde esa litigación? Poco, salvo en tiempo de espera. Ocho de cada diez proyectos terminan con el mismo permiso con que entraron. Pero el camino es largo: más de un año ante el tribunal ambiental y, cuando la causa sube a la Corte Suprema, cosa que ocurre en más de la mitad de los casos, casi tres años en total.

Para un país con el desempleo que hoy tiene Chile, ese tiempo es una condena. Las familias no pueden esperar tres años a que un tribunal confirme lo que el Estado ya aprobó. Es responsabilidad del Ejecutivo no solo vigilar que los proyectos se aprueben, sino asegurar que se construyan y traduzcan en puestos de trabajo concretos y progreso sostenible. Una judicialización sin plazos ni filtros amenaza directamente la recuperación del país. Corregirla es imperativo.

Por Luz Didier Santander, Abogada y directora de empresas