SEÑOR DIRECTOR:
Al ser la inseguridad un fenómeno complejo y multicausal, no caben eslóganes ni soluciones fáciles y cortoplacistas.
A nuestro juicio, el actual rol que se le asigna institucionalmente a los gobiernos regionales es insuficiente e incoherente con el aporte real que realizan en el ámbito de la prevención, toda vez que, en su conjunto, han aprobado entre los años 2021 y 2022 más de 308 mil millones de pesos en diversos proyectos de seguridad en todo Chile.
Sobre la materia, existe un compromiso del gobierno del Presidente Boric, suscrito el 4 de abril pasado, para potenciar y consolidar legalmente facultades preventivas en los gobiernos subnacionales.
Si bien dicho acuerdo establece como fecha la presentación del proyecto de ley respectivo para el mes de agosto, como Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) nos extraña que el Ejecutivo no lo haya considerado entre los 31 proyectos que fueron acordados para priorizar su tramitación legislativa junto a los presidentes del Senado y de la Cámara. No se entiende que el Ejecutivo señale que se necesita llegar con más celeridad a la ciudadanía y que en la práctica no exista interés en avanzar de manera enérgica en esta materia.
Creemos que el actual contexto país exige celeridad en su envío para la discusión en el Congreso Nacional. El otorgamiento de facultades a los gobiernos regionales para abordar las problemáticas de seguridad ciudadana en sus territorios, particularmente en lo preventivo, es un elemento relevante para combatir la delincuencia y la inseguridad que provoca a los ciudadanos. No perdamos la oportunidad.
Ricardo Díaz Cortés
Presidente
Asociación de Gobernadores Regionales
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