Sentido de una acusación constitucional

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Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier.



Diputados del Partido Comunista, así como algunos del Frente Amplio -también figuran del PPD y PS- presentaron ayer una acusación constitucional en contra del Presidente de la República, responsabilizándolo de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos producto de un excesivo uso de la fuerza en el marco de las manifestaciones que han sacudido al país. La acción, que de momento no ha encontrado suficiente piso político, tiene sin embargo el poder de enervar el ambiente político, justo en momentos en que el país atraviesa por el momento más complejo desde el retorno de la democracia.

Los promotores de la acusación han hecho ver que a la fecha hay 22 personas fallecidas atribuibles a la convulsión, más de 200 que presentan daño ocular -por disparos de perdigones por parte de Carabineros- y sobre 2 mil heridos, todo lo cual configuraría un cuadro sistemático de violaciones a los derechos humanos, satisfaciendo el requisito que exige la Constitución para destituir a un Presidente de la República. Será ahora la Cámara de Diputados la que deberá evaluar el mérito del libelo, y si la mayoría de sus miembros en ejercicio considerara plausible la acusación, el Senado deberá pronunciarse en su calidad de jurado.

Es indispensable que todos los casos que han sido denunciados sean conocidos por la Justicia y de comprobarse responsabilidades se apliquen las sanciones de rigor, pues resulta evidente que el necesario control del orden público no puede justificar que el Estado atropelle garantías fundamentales. Llama la atención, sin embargo, que se precipite una acusación constitucional cuando todavía ni siquiera existen fallos judiciales que comprueben los hechos tal cual han sido denunciados, lo que desde el punto de vista de las reglas del debido proceso -en términos de acreditar en forma fehaciente qué leyes dejaron de cumplirse o fueron quebrantadas- resulta cuestionable.

Aun cuando los firmantes de la acusación pertenecen a variadas tiendas políticas, la acción está liderada fundamentalmente por parlamentarios del Partido Comunista, colectividad que ha jugado un rol ampliamente cuestionado en esta crisis. Apenas comenzados los graves desmanes que azotaron Santiago y otras ciudades hace poco más de un mes, el partido pidió la renuncia del Presidente de la República, legitimó la evasión en el pago del Metro y sus dirigentes fueron incapaces de condenar a tiempo la violencia que se desplegaba sin control por el país. Y en momentos que la democracia exigía gestos con altura, la colectividad decidió restarse de los acuerdos de paz y nueva Constitución que la semana pasada suscribieron la gran mayoría de los partidos políticos.

A la luz de este historial es razonable preguntarse si la acción constitucional que el Partido Comunista ha emprendido con tanta vehemencia responde a un genuino interés por esclarecer posibles violaciones a los derechos humanos -algo que efectivamente debería interesar a la ciudadanía-, o esconde motivaciones que apuntan a polarizar aún más el ambiente político.

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