Fue la gota que rebalsó el vaso. El uso fraudulento de licencias médicas por funcionarios públicos para vacacionar desató la indignación colectiva. De la gente, de las autoridades, de los medios, en fin, nadie dejó de manifestar su repudio. Es explicable. Sin embargo, sorprende tanta reacción ante una situación específica, cuando la desmesura en el país es cotidiana.

Es el caso de la evasión del pago del transporte público que, en el último semestre de 2024, luego de ingentes esfuerzos por reducirla, alcanzó un duro 37,5%.

Las denuncias por mal uso de las horas extraordinarias no le van en zaga. La Contraloría General de la República entregó recién un informe sobre las horas extras en los municipios, exhibiendo un cúmulo inusual de pagos superiores al tope. El Consejo Para la Transparencia ya en junio de 2022 había señalado que 208 municipios superaban el pago de las 40 permitidas. Radio Bío Bío detalló la situación en 26 de esas comunas y encontró que 227 empleados de planta recibían horas en forma ilegal.

Hemos recordado en estas páginas el elevado número de denuncias por corrupción en los municipios y gobiernos regionales. Existen más denuncias de esta índole en dichas entidades que la suma de todas ellas.

Las listas de espera en salud superan los ¡dos millones! No obstante, los quirófanos de los hospitales públicos se usan menos de cinco horas al día de las nueve disponibles.

Es ineludible mencionar también la copiosa carpeta de proyectos de inversión paralizados o desistidos a raíz de la postergación indefinida de sus iniciativas por una burocracia que demora años antes de otorgar permiso para iniciar un nuevo emprendimiento, cuestión que representa miles de millones de pesos perdidos para el crecimiento económico y la creación de empleo.

El acceso a la justicia es otro ámbito a tener presente. Los juicios civiles pueden demorar hasta cinco años antes de alcanzar un fallo definitivo y en los casos de denuncias por delitos, menos del 35% de ellas se investiga.

Y, como olvidar a los notarios que tienen la obligación de autorizar documentos de una persona que “firmó ante mí”, compromiso que estos servidores públicos cumplen poquito. Un estudio de la Fiscalía Nacional Económica de 2018 reveló que el 83% de las personas que hacía trámites de mesón (64% de las actuaciones de un notario), dijo no haber visto nunca al ministro de fe, pagando un arancel superior al límite.

Esta enumeración deja en evidencia que nuestro drama no se limita al mal uso de licencias médicas: existe una larga y bochornosa lista de situaciones abstrusas, tantas que ya han pasado a formar parte del paisaje sin provocar la ira de estos días.

¿Qué pasaría en Chile si las personas e instituciones hicieran las cosas bien?

Aunque ocurre así en la mayoría de los casos, cohabita con una amplia minoría de infractores. Por eso, si solo se lograra que cada funcionario cumpliera con el deber normal de su labor, sin heroísmo alguno, haciendo únicamente lo que corresponde como doña Dorothy, sería una revolución. La revolución del sentido común.

Por Hernán Larraín F. , abogado y profesor universitario