Desde que el 11 de julio estallaron masivas protestas a lo largo de Cuba, reclamando por mayores espacios de libertad y haciendo ver su profundo descontento por la forma como el régimen ha manejado la crisis provocada por la pandemia, se han documentado graves cuadros de represión hacia los manifestantes. Entre los hechos que se han denunciado, figuran agresiones de fuerzas policiales, centenares de detenciones, periodistas y activistas que han sido incomunicados -varios con paradero desconocido-, amedrentamientos de aparatos de seguridad en los propios hogares de los “disidentes”, e incluso deliberadas interrupciones del servicio de Internet. El propio Presidente cubano, en cadena nacional, tachó a las movilizaciones de maniobras orquestadas por el imperialismo y dio la orden expresa de resistirlas.

No hay precedentes de movilizaciones de esta envergadura en la isla, lo que sugiere que el reclamo ya no solo se refiere a las precarias condiciones de vida que deben padecer sus habitantes, sino que hay demandas más de fondo, que apuntan a conquistar más libertades y abrir un frente de resistencia a la dictadura comunista. No hay claridad aún de cuál podría ser alcance de estas protestas, pero parece haber coincidencia que, a diferencia de las movilizaciones de 1994, esta vez se podría estar produciendo un quiebre de mayores dimensiones.

El régimen cubano carga con un largo historial de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tal como han documentado desde hace mucho tiempo diversos organismos internacionales. La represión que se ha visto por estos días es una nueva confirmación de ello, y es también una señal inequívoca de que el régimen no permitirá la expresión del descontento ciudadano, valiéndose de la violencia y la coartación de la libertad de expresión.

En medio de este contexto, llama la atención el silencio que hasta ahora ha mantenido Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aun cuando esta omisión no quiere decir que el organismo que ella dirige haya decidido abstenerse de intervenir, cada día que pasa sin pronunciarse debilita la fuerza de los manifestantes, y le brinda un fortalecimiento al régimen.

No sería entendible que la máxima autoridad en derechos humanos de la ONU se abstenga de expresar una dura condena por los acontecimientos que han sucedido, o que se limitara a declaraciones tibias. Otros organismos de derechos humanos ya han expresado una dura condena por la férrea represión en Cuba, exigiendo un pronto pronunciamiento del Alto Comisionado. Se ha hecho ver también que esta entidad ha tenido como política no comentar acerca de Cuba; si el silencio persiste, alimentaría las suspicacias de que podría haber razones de afinidad ideológica que podrían estar explicando esta omisión.

Entre los objetivos declarados del Alto Comisionado, figura el pronunciarse objetivamente frente a las violaciones de derechos humanos, así como el empoderamiento de la población. El derecho a la protesta pacífica forma parte integral de las garantías básicas, por lo que en la medida que se consienta que un determinado régimen puede conculcar dicho derecho, hay una gravísima afectación de los derechos humanos, impidiendo que la ciudadanía pueda ejercer el derecho básico a autodeterminarse.

En América Latina están cundiendo los ejemplos de gobiernos que han derivado en regímenes autoritarios, por lo que se requiere respuestas mucho más ágiles y contundentes.