En el debate organizado por la Archi, supimos que el mismo candidato que habla de mano dura contra los delincuentes y de “fusilar a los violadores” (aunque antes “bromeaba” con condecorarlos con una medalla de honor), ahora quiere liberar vía indulto a algunos de los peores criminales de nuestra historia.

Si algo distingue a los delincuentes de Punta Peuco, es el sadismo y la cobardía con que ejecutaron sus crímenes.

Ellos tratan de disfrazarse de honor militar, y hablan de sí mismos como soldados participantes en una guerra. Pero los crímenes por los que purgan condena no se cometieron en ningún campo de batalla.

El trabajo principal de estos burócratas del terror consistía en secuestrar a civiles y encerrarlos en campos de tortura donde ejercieron los más sádicos vejámenes sobre seres humanos indefensos, incluyendo agresiones sexuales y violaciones, para luego asesinarlos y hacer desaparecer sus cuerpos.

El término “violaciones a los derechos humanos” es un eufemismo que ha contribuido a edulcorar el horror, y ha permitido a ciertos políticos usar la expresión “derechos humanos” como una especie de broma.

Tal vez haya que ser más explícito, y dedicar unos párrafos a explicar en qué consisten esas violaciones a los derechos humanos.

La parrilla era un catre de metal sobre el que se amarraba desnudo al detenido para aplicarle descargas de corriente eléctrica sobre labios, heridas o genitales.

Usaban también una “parrilla doble”, en que a la víctima se la interrogaba en una cama, mientras en la otra se torturaba a un padre, hijo, pareja o amigo.

La asfixia era otro método habitual. Había dos modalidades. En el submarino húmedo, mantenían la cabeza de la víctima dentro de un recipiente con agua sucia o con excrementos. En el submarino seco, se les asfixiaba cubriendo su cabeza con una bolsa plástica.

Las agresiones sexuales también eran parte del menú, incluyendo las violaciones a víctimas delante de sus parejas o padres; para estos vejámenes sexuales se usaban artefactos de tortura e incluso perros amaestrados.

Podríamos seguir por páginas y páginas, más detalladas y escabrosas. Cualquier persona que haya estudiado algo del horror que se vivió en Chile sabe que los “abuelitos de Punta Peuco” no son más que criminales cobardes y abyectos.

Por décadas, la justicia tuvo las manos amarradas para poder perseguir estos delitos, por la acción de los mismos políticos que hoy se espantan de que haya personas de avanzada edad pagando por sus crímenes.

El escándalo es que esos criminales no hayan sido encarcelados cuando debieron serlo. La ley de amnistía, los pactos de silencio, la defensa de la cúpula militar, el respaldo político a la impunidad, y la inacción de muchos jueces, postergaron la justicia.

Estos cobardes han tenido privilegios de los que no goza ningún delincuente en Chile. Su primer beneficio fue la impunidad. Gozaron décadas de vida espléndida, con rango y sueldo fiscal, los privilegios y beneficios propios del poder y, luego de pasar a retiro, millonarias pensiones.

Luego, se les construyó una cárcel especial, e incluso se habilitó un centro vacacional del Ejército, junto al mismo Comando de Telecomunicaciones desde el cual se espiaba a políticos: el Penal Cordillera. Un cómodo resort para la tercera edad, con coquetas casas en torno a un espléndido prado.

Cuando en 2013 entrevistamos a Manuel Contreras en ese lugar, pude ver el plácido día a día de estos sujetos, y su trato despectivo hacia los gendarmes, a quienes trataban como sus sirvientes. “Está para llevarme el bastón”, me dijo Contreras sobre el gendarme que lo acompañaba.

Todo esto, a un alto costo fiscal. Entonces se reveló que el mantenimiento de cada “preso” (huésped, más bien) de Cordillera costaba seis veces más que un reo común, con una dotación de 6,4 gendarmes por cada preso, y derecho a visitas ilimitadas durante todo el día.

Punta Peuco es un poco más “barato”; entonces se calculaba que el costo de cada uno de estos huéspedes era cuatro veces mayor al de un reo en una cárcel común, sin contar atenciones de salud y largas estancias en hospitales castrenses, todo financiado de nuestro bolsillo.

Hasta hoy, mantienen una situación de privilegio, con condiciones de vida infinitamente mejores que las de cualquier cárcel común y acceso a atención de salud de excelencia.

José Antonio Kast ha visitado varias veces a los criminales de Punta Peuco. En campañas anteriores, ha dicho que “conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él”. En 2025, se ha negado a hablar de ese tema al ser consultado.

Su posta la ha tomado Johannes Kaiser, quien en el debate de las radios, dijo sobre un indulto a Krassnoff, un criminal condenado a más de mil años de cárcel, que “voy a cerrar el capítulo, para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente”.

Tomemos nota que secuestrar, torturar, violar, asesinar y hacer desaparecer los cuerpos de seres humanos, hoy se resume como “no caer bien políticamente”.

Kaiser también dijo que los derechos humanos de estos criminales se verían afectados si se permite que Punta Peuco reciba a otros presos, además de sus camaradas de crímenes.

Y aseguró que “muchos de ellos han sido condenados injustamente, como demostró el caso del coronel fallecido en Punta Peuco, que había sido condenado por el secuestro de la persona que apareció en Argentina”.

Esa es una mentira, difundida por bots de ultraderecha y ahora repetida en un debate por un candidato presidencial. Ningún militar fue condenado por el caso de Bernarda Vera. El criminal Hugo Guerra, al que se refiere este bulo, fue sentenciado por otros múltiples casos.

Todo vale para lavar la imagen de estos abyectos delincuentes; incluso mentir en medio de una campaña presidencial.

Ante eso, solo queda responder llamando a las cosas por su nombre. La justicia es justicia, no venganza. Los secuestradores, violadores y asesinos son criminales, no abuelitos. Los cobardes son cobardes, no valientes soldados. Las mentiras son mentiras y nada más.

Secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a una persona es una violación a los derechos humamos. Hacer que el responsable de esos crímenes responda por ellos, no lo es.

Son criminales, cobardes y abyectos. Y punto. Aunque algunos intenten torcer la historia con un giro macabro, para convertir a esos victimarios en víctimas.