SEÑOR DIRECTOR

Es evidente que en la actual crisis económica los chilenos más vulnerables verán afectados con severidad sus ingresos laborales. Las recientes cifras sobre desempleo entregadas por el INE preanuncian con alarmante crudeza que el fantasma de caer bajo la línea de la pobreza acecha en el horizonte a miles de familias. Es cierto que el gobierno ha dispuesto innovadoras medidas de mitigación para dar liquidez financiera a familias desprotegidas, todo lo cual será un paliativo clave para sobrevivir en estos tiempos terribles de pandemia sanitaria y económica.

Con todo, estos aportes no dan margen para cubrir otros gastos fundamentales desde el punto de vista social; en particular, en la educación superior. Este ámbito ha quedado en el olvido. En Chile hay más de 500 mil estudiantes que pagan aranceles. ¿Qué pasa con una familia que tiene a un estudiante en la educación superior, cuyo sostenedor perdió su fuente laboral? Supongamos que en los próximos tres meses le llegue por subsidio público un aporte mensual de doscientos mil pesos. ¿Cómo financia un copago promedio que en el sistema universitario está entre 150 y 200 mil pesos mensuales? Suena dramático, pero ¿deja de comer? La verdad es que hay una amenaza real de que exista un alza masiva en la morosidad en el pago de aranceles en los segmentos más pobres y que, de paso, ello cause una mayor inestabilidad social en un país que, estoy seguro, ya no quiere más estallidos sociales.

Es fácil advertir el enorme impacto que esto tendría en el financiamiento de las instituciones y sus estudiantes, especialmente de aquellas que no reciben aportes fiscales directos ni están en gratuidad y que solo se financian con aranceles. Es ineludible buscar una solución frente a esta amenaza, y solo el Estado puede cumplir aquí un rol subsidiario. El tiempo se agota.

Carlos Williamson

Universidad San Sebastián