Trabas para el regreso a clases presenciales

La obstinación de algunos alcaldes y del Colegio de Profesores para negarse al retorno de las clases, así como la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, llevan a preguntarse si detrás de ello no se esconden motivaciones políticas.



En estos primeros días se ha observado que el número de establecimientos que han retomado clases presenciales -luego que así lo decretara la autoridad a partir de este lunes, con el inicio del segundo semestre académico- dista de ser lo óptimo, estimándose que, en el caso de la Región Metropolitana (RM), el 63% de los sostenedores municipales ha determinado que por ahora no habrá retorno a clases. El Ministerio de Educación estima que en las próximas semanas se podría ver un aumento, previendo que unos 10 mil establecimientos retomarían las clases.

Cabe lamentar que la ventana que se está abriendo para la recuperación de las clases no esté siendo aprovechada, y para ello se estén recurriendo a todos tipo de argucias o excusas sin mayor justificación. Varios alcaldes de la RM han hecho ver que existen numerosos establecimientos con problemas de infraestructura o con carencias que impiden cumplir adecuadamente con los protocolos sanitarios. Si bien no cabe desestimar la existencia de colegios que no logren cumplir los estándares, difícilmente esto podría ser la mayoría de los casos -considerando las ingentes inversiones que el Estado ha hecho en los últimos años para mejorar la infraestructura de los colegios-, y ciertamente los municipios que siguen como sostenedores tendrían que haber hecho más para intentar resolver estos problemas.

Las autoridades edilicias también han esgrimido como razón el hecho de que todavía el grueso de la población estudiantil no ha sido vacunado, un argumento que si se siguiera en su literalidad implicaría que en la práctica el retorno a clases no sería posible sino en varios meses más. Era explicable que cuando no existía vacuna o solo un porcentaje muy inferior de la población había accedido tal argumento podría ser plausible; a lo largo de la pandemia han existido períodos críticos, con elevados casos de contagio. Hoy el país vive una realidad muy distinta. Los contagios diarios han caído fuertemente, y para el caso de la RM más del 70% de la población objetivo ya ha completado su esquema de vacunación. La evidencia también es concluyente que los colegios no son grandes focos de contagio, por lo que resulta inexplicable que esta oportunidad siga siendo desaprovechada.

El Colegio de Profesores, que debería ser un gran aliado en la causa de recuperar las clases, se ha empecinado en cambio en torpedear estos intentos, alimentando los temores de las familias por la situación sanitaria y exhibiendo una suerte de satisfacción por que los colegios no abran, lo que resulta inexplicable en un gremio que debería ser más consciente que ninguno sobre el daño que todo esto genera en los procesos de aprendizaje y formación de los alumnos. Todo esto ocurre mientras en la Cámara de Diputados se conoce de una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, justamente por su insistencia de retomar las clases.

Es en este contexto donde cabe preguntarse si los intentos por frenar la normalidad de las clases se están cruzando con motivaciones políticas mezquinas, en que el bienestar de los alumnos se está utilizando por algunos sectores como excusa para infligir un daño al gobierno. Todos los esfuerzos de cada uno de los estamentos deberían estar centrados en facilitar el regreso a clases o en solucionar aquellos problemas puntuales que lo impiden, pero lamentablemente no parece ser el caso, con un alto riesgo de que 2021 sea también un año escolar perdido.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbase aquí.