Hábilmente, la oposición ha buscado encuadrar el proyecto de ley sobre reconstrucción y desarrollo social que ha presentado el gobierno como una reforma tributaria encubierta que solo beneficia a los más “ricos”, y que los menores ingresos fiscales producto de la reducción de impuestos implicará un costo que tendrá que absorber la población por la vía de ver reducidos una serie de derechos, sin que exista ninguna certeza de que los supuestos beneficios en materia de empleo y crecimiento se logren materializar. Así, el debate sobre dicho proyecto ha girado fundamentalmente en torno a los aspectos recaudatorios, así como a los supuestos conflictos de interés que tendrían varios ministros de Estado en la medida que se aprueben cambios que los beneficiarían directamente -atendidos sus altos patrimonios- y las enormes ventajas que en general obtendrían las personas de mayores ingresos del país, lo que por cierto enturbia la discusión de fondo, que es cómo reactivar la economía y generar más empleo.

Para que el debate resulte útil es fundamental separar las distintas dimensiones que están involucradas en esta discusión, porque de esa forma la propia ciudadanía puede distinguir en forma más clara las ventajas de la propuesta del gobierno, como asimismo sus complejidades y desafíos.

Por de pronto, es preciso tener a la vista que este proyecto debe verse como un todo, tal que la mayor parte de las propuestas están en relación con un objetivo mayor, que es acelerar la actividad económica; si se pierde ese foco, el debate inevitablemente se descontextualiza y entonces cada medida aparece como un intento por beneficiar a un sector en particular o como un cambio aislado, perdiendo la perspectiva de que a largo plazo es la sociedad en su conjunto la que aparece beneficiada en la medida que los objetivos reactivadores se logren cumplir.

Los aspectos recaudatorios ciertamente son importantes en cualquier debate tributario, pero cabe cuestionar que esta dimensión se busque relevar hasta el punto en que la recaudación aparece como un fin en sí mismo, cayendo en la falacia de creer que el solo hecho de recaudar más impuestos es una medida de bienestar de la sociedad. Es evidente que si el proyecto del gobierno tiene como uno de sus ejes la reducción temporal o permanente de una serie de impuestos, los ingresos fiscales van a disminuir -lo que desde luego está explicitado en el informe financiero-, y si bien será parte de la discusión legislativa analizar técnicamente estos cálculos, así como sus efectos en la población, es preciso tener presente que esta reforma ante todo no apunta a recaudar más impuestos, sino a cómo reactivar la economía.

Por supuesto que no está asegurado que un mayor crecimiento futuro por sí solo logre compensar los menores ingresos fiscales, pero para esa dimensión el debate correcto es cómo cuadrar la caja -es claro que si el Fisco recibe menos ingresos no puede seguir gastando lo mismo, lo que obliga a revisar los programas vigentes y desechar todos aquellos que sean ineficientes-, algo que en modo alguno resulta excluyente con avanzar en reformas que dinamicen el aparato productivo. Son dos debates que habrán de correr en forma paralela, donde los problemas recaudatorios no pueden ser pretexto para torpedear reformas en favor del crecimiento.

Por lo demás, es evidente que al solo exacerbar el aspecto recaudatorio, interesadamente se oculta la importante cadena de beneficios que podrían traer consigo los alivios tributarios, especialmente en materia de inversión. Si ello se consigue, entonces poco a poco comenzarán a generarse más empleos, lo que también debería traducirse en mayores ingresos para las personas y las familias, creándose así un círculo virtuoso en la economía.

No es difícil advertir que el bienestar de la población sería sustantivamente mayor en un país creciendo al doble de la tasa actual, producto de que las empresas inviertan más y aumenten sus contrataciones; aunque algunos se empecinen en caricaturizar esta cadena como un mero “chorreo”, lo cierto es que facilitar la inversión y permitir que el sector privado despliegue su potencial es en realidad la forma de crear riqueza y con ello beneficiar a toda la sociedad. Por lo demás, sorprende que no se repare en que un mayor dinamismo económico permitiría que más familias dejen de depender críticamente de los subsidios estatales para no caer bajo la línea de la pobreza, liberando recursos que podrían focalizarse en los segmentos más vulnerables y colocando menos presión sobre la recaudación.

Por su parte, la pretensión de caricaturizar la reforma como un enorme regalo tributario a los “ricos” también distorsiona por completo los términos del debate. Desde luego, por definición cualquier alza o baja de impuestos solo afectará a quienes pagan tributos, que indudablemente coincide con el segmento de mayor patrimonio. En el caso de Chile, el porcentaje de la población afecta a impuesto a la renta apenas ronda el 25% -dentro de los cuales la mayoría no son ni “súper ricos” ni dueños de empresas-, de modo que no es que se busque favorecer caprichosamente a un segmento de la población en desmedro del resto, sino que simplemente es aplicar una reforma en función de la realidad tributaria del país, la que por lo demás no solo favorecería a los más “ricos”, puesto que también hay una serie de beneficios que podrán ser aprovechados por pequeñas y medianas empresas.

Se exacerban los riesgos de bajar impuestos a las empresas, pero se está dejando de valorar que con ello estas a su vez podrán contar con más capital para invertir y hacer crecer sus respectivos negocios, generando toda una cadena de beneficios en empleo e ingresos para los trabajadores, además de constituir un incentivo para que esos capitales sigan en Chile y no se trasladen a países con impuestos más bajos.

Es fundamental no seguir confundiendo las distintas dimensiones que están en juego, y es allí donde justamente la estrategia comunicacional del gobierno ha fallado, permitiendo que la oposición haya sacado ventajas exacerbando los riesgos de la reforma, perdiendo el foco de que esta apunta a reactivar el crecimiento y no a recaudar más impuestos.