Noah Harari, filósofo israelí, sostuvo hace algunos días que la pandemia será “un enorme éxito científico y un tremendo fracaso político”. El eje de esta conclusión tendría que ver con que la ciencia ha sido capaz de reaccionar a una velocidad inusitada frente al virus (reconociéndolo, desarrollando vacunas, entregando recomendaciones y medidas para enfrentarlo), mientras el sistema político ha fracasado en su gestión (la administración de los insumos científicos).

Como consecuencia, toda vez que la pandemia se ha intensificado no es visto como un fenómeno natural que escapa del control humano, sino, por el contrario, se lee como un fallo político.

La teoría antes expresada parece tener en nuestro país seguidores enconados. Culpar al gobierno se ha convertido en un lugar común. Una de las últimas manifestaciones del fenómeno ha sido la carta de la gran mayoría de los presidenciables de la oposición denunciando “el evidente e inmenso fracaso de este gobierno en el manejo de la pandemia”. Dicha declaración esconde, a mi juicio, problemas serios.

El primero de ellos es la pretensión de que el “fallo político” es responsabilidad exclusiva de una parte del sistema; en este caso del gobierno. No es posible restarse de la responsabilidad de un sistema deslegitimado que hoy enseña su peor cara. Muestra de lo anterior es no percatarse -vamos a otorgar el beneficio de la duda- que la carta realiza una irresponsable atribución de responsabilidad frente a las muertes. La acción del gobierno (más bien su eventual inacción) es tildada de “irresponsable” y causa de la muerte de una persona por Covid en Chile cada 10 minutos.

Frente a semejante abandono de deberes, la oposición EXIGE. El listado incluye propuestas que son legítimas y merecen ser discutidas. No tenemos el contrafactual y, por lo tanto, es absurdo trabajar en un escenario hipotético donde las acciones y los resultados fueran otros. Tampoco es posible desconocer que la gestión del gobierno ha tenido errores y que algunos han sido abordados inadecuadamente. Pero exigir el cierre de las ciudades y la disminución de la movilidad en un 70% “ya”, como señala la carta, deja entrever el segundo problema: los suscribientes están situándose en el área de lo normativo y no en el del acatamiento.

Respecto del primero de estos ámbitos, el normativo, podríamos aceptar una gestión más acertada, pero me cuesta mucho imaginar que la obediencia a las mismas hubiera sido muy distinta. Hoy vemos un sinfín de fiestas clandestinas y de multas cursadas que nada tienen que ver con la imposibilidad económica de cumplir las cuarentenas (tema que evidentemente es central).

Está largamente estudiado que la obediencia a las normas no tiene su base en el castigo, sino más bien en el reconocimiento de su legitimidad. Por esta razón, Tom Tyler, autor de Why people obey the Law? sugiere fortalecer los sistemas legislativos y políticos para que sean dignos de respeto, más que infundir miedo a partir de un castigo. Mirado así, la declaración no solo tiene un olor a oportunismo que no parece adecuado, sino que continúa con la deslegitimación del sistema político y hace percibir, incluso al lector menos interpretativo, una unión artificial entre grupos en torno a un eslogan común: “Todos contra el gobierno”.

Es verdad que la oposición tiene como labor el control y limitación del gobierno de turno, pero esta carta no parece cumplir esta función ni menos ayudar a salir de la crisis.