SEÑOR DIRECTOR

En un escenario con legítimas demandas por reducir desigualdades en salud, pensiones e ingresos, entre tantas otras, es fundamental proteger las estrategias ya comprometidas para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes sin distinción de origen social, género, pertenencia a pueblos originarios, situación de discapacidad o cualquier otro factor de potenciales inequidades.

Las presiones presupuestarias ya están atentando contra compromisos adquiridos y una vez más se ha postergado el financiamiento para restituir el derecho a la educación a los 222 mil niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema escolar.

Es urgente que la implementación del Plan Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025 y del Acuerdo Nacional por la Infancia cuenten con presupuestos globales protegidos de las negociaciones sectoriales, que sus componentes sean prioritarios para todos los servicios responsables y que exista cuenta pública detallada de la implementación de todas las líneas de acción a nivel territorial.

Asimismo, se requiere avanzar radicalmente en la gestión intersectorial de todas las instituciones públicas responsables de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes y contar con sistemas de información integrados que permitan asegurar atenciones oportunas y coherentes en cada localidad.

La justicia social comienza con los niños y niñas de nuestro país.

Claudia Peirano

Presidenta Fundación

Educacional Oportunidad