Un peligroso soporte intelectual y político a la violencia

Los graves hechos de vandalismo que se vivieron el lunes pasado con ocasión de una nueva conmemoración del 18-0, parecen haber calado profundamente en buena parte de la ciudadanía, que con estupor -también indignación- han comprobado una vez más que la violencia sigue presente como método de presión política, sin que las fuerzas del Estado sean capaces de ponerle coto. Peor aún, existen sectores dispuestos a brindarle soporte intelectual y político a este tipo de violencia, justificándola en un contexto de efervescencia social.

Los hechos ocurridos en este nuevo 18-0 coinciden con un proyecto de indulto -impulsado por parlamentarios de oposición- que se tramita en el Senado, en el cual, bajo el justificativo de las extensas prisiones preventivas que purgan procesados por vandalismo y otros delitos graves ocurridos en el contexto del “estallido” de 2019 y en los meses siguientes, se busca extinguir toda responsabilidad penal con relación a este tipo de hechos, ocurridos entre el 7 de octubre de 2019 hasta el 9 de diciembre de 2020, fecha en que se presentó dicho proyecto.

La iniciativa contó inicialmente con fuerte apoyo en sectores de la izquierda; la propia Convención Constitucional, en una de sus primeras resoluciones, instó al Congreso a su aprobación -incluso estableciendo que hay “presos políticos”-, y diferentes candidaturas presidenciales han dado su abierto apoyo. Tal es el caso de Gabriel Boric (FA/PC), o de Yasna Provoste (DC), quien incluso es una de las firmantes del proyecto. Pero con el paso del tiempo el proyecto se ha ido entrampando; algunas de sus normas deberán ser votadas con quórum especial, votos que no están, pues el oficialismo como bloque lo rechaza; asimismo, se ha hecho ver que esta iniciativa es más bien una amnistía, no un indulto, y que por su amplitud implicaría en la práctica un “perdonazo” general, pues será muy difícil trazar la pretendida frontera de delitos cometidos en el marco de un conflicto social, versus aquellos propios de la delincuencia común. Ahora tanto La Moneda como el PC -que ha redoblado la presión hacia Provoste- están instando para que la iniciativa se vote cuanto antes, como forma de forzar una definición y así ver “quién es quién”.

Es incierto el rumbo que vaya a tomar esta iniciativa, pero su sola discusión permite poner de manifiesto la grave distorsión en que nos encontramos, pues este proyecto de indulto en los hechos no es más que una burda validación de la violencia política, mal que desde hace ya tiempo viene enquistándose en el país, en buena medida gracias al soporte que le brindan ciertos sectores que ven en la violencia una poderosa aliada en tanto sea afín a sus propios objetivos políticos.

En ese orden de cosas, ha lindado en lo grotesco una línea argumental desplegada esta semana por intelectuales de la izquierda chilena, que han justificado los hechos de violencia del 18-0 y los meses que siguieron porque gracias a aquello fue posible romper los diques que impedían un cambio radical del modelo, y con ello lograr canalizar esa violencia en cauces institucionales a través del proceso constituyente; en cambio, lo ocurrido el lunes pasado -según esta visión- ya sería vandalismo puro, por lo tanto no sujeto a ningún tipo de indulto. Este predicamento es a todas luces gravísimo, pues apoya la creencia de que existe una violencia política legítima -pulverizando la noción de que los conflictos en democracia deben ser siempre resueltos a través de los cauces institucionales y la deliberación ciudadana-, que en los hechos es otra forma de alentarla, sin que por cierto sus ideólogos y promotores se hagan responsables por sus efectos. Así, resulta incalculable el daño que se está produciendo en la sociedad cuando especialmente los más jóvenes -quienes suelen estar más dispuestos a abrazar las banderas de la protesta social- reciben la señal de que la violencia es una forma legítima de impulsar cambios, y que este actuar, lejos de ser sancionado, incluso es glorificado y hasta agradecido.

Este deslumbramiento con la violencia tampoco se hace cargo de que la destrucción que todo ello conlleva hace recaer los costos, sobre todo en los sectores más desposeídos o en las capas medias, creando verdaderas “zonas de sacrificio” -en las que por cierto suelen no habitar quienes instigan la insurrección desde la cátedra o desde los espacios de poder-, lo que erosiona la calidad de vida de millones de personas. Esta misma indolencia se aprecia respecto al drama que se vive en La Araucanía, en la que también extensas zonas han caído en manos de la violencia desquiciada -cuando no terrorista-, con total pérdida del Estado de derecho, pero que aun así se consiente en aras de la llamada “causa indígena”.

Debe comprenderse de una vez que la violencia política no puede ser tolerada en ninguna de sus formas, y que seguir por este camino traerá efectos devastadores para el país. Los mismos cimientos de la democracia son los que aparecen en peligro, pero también las bases para el crecimiento. El fuerte clima de incertidumbre política, mezclado con crecientes grados de violencia, forman una mixtura cuyos perniciosos efectos ya se están dejando sentir.