Hoy se celebra el Día de la Solidaridad, creado en memoria de san Alberto Hurtado. Este es un día propicio para preguntarnos cómo distribuimos riesgos, cargas y oportunidades dentro de una comunidad; y qué corresponde exigir a cada persona y qué situaciones decidimos enfrentar colectivamente. Estas preguntas adquieren especial sentido frente a la intensa agenda legislativa y constitucional impulsada y priorizada por el actual gobierno. En un día como hoy, estas propuestas invitan a ensayar un test de solidaridad.

En todo caso, examinar estos proyectos de cambio desde la solidaridad no significa preguntar si sus propuestas son de izquierda o de derecha. Tampoco supone identificar solidaridad con expansión del Estado, ni considerar insolidaria toda apelación al mérito y la responsabilidad personal. Un test de solidaridad es más exigente y obliga a cuestionarse cómo el legislador o el constituyente distribuyen cargas y beneficios, y hasta dónde esas decisiones respetan la igualdad, los derechos y la proporcionalidad.

La reforma al Sistema de Admisión Escolar permite un primer ejercicio. La propuesta busca disminuir el peso del azar y reconocer en mayor medida el mérito. Esto no es contrario a la solidaridad. Tampoco lo es reservar cupos para estudiantes prioritarios y con necesidades educativas especiales. La dificultad aparece cuando el mérito y el rendimiento se transforman en criterios de prioridad entre estudiantes cuyos puntos de partida son profundamente desiguales.

La recientemente anunciada reforma constitucional sobre seguridad también permite realizar el test. Son frecuentemente las comunidades con menos recursos las que soportan más intensamente la delincuencia. Protegerlas constituye una obligación estatal. La dificultad estaría en los instrumentos propuestos para garantizarla, por ejemplo, nuevas facultades excepcionales del gobierno, intervención en territorios y participación de las Fuerzas Armadas. A su vez, la solidaridad con las víctimas de la delincuencia no autoriza a transformar a otras personas en sujetos desprovistos de derechos. Un Estado constitucional puede ser eficaz frente al crimen sin prescindir de los derechos ni convertir la excepcionalidad en normalidad.

La agenda migratoria priorizada por el gobierno plantea quizás la prueba más difícil. Controlar las fronteras, establecer condiciones de ingreso y hacer cumplir las reglas migratorias son potestades legítimas del Estado. El problema surge cuando la irregularidad migratoria determina restricciones de derechos fundamentales y prestaciones esenciales, o cuando se plantea criminalizar el ingreso clandestino. El incumplimiento puede justificar consecuencias jurídicas, pero su intensidad debe ser compatible con los derechos, la vulnerabilidad de las personas y ser proporcional a la falta.

El test de solidaridad no consiste, entonces, solo en preguntarnos cuánto ayudamos al que cae. Obliga también a cuestionarnos qué tan lejos permitimos que alguien caiga en nombre del mérito, la seguridad, el crecimiento o el cumplimiento de las reglas.

Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado