Chile inaugura una nueva etapa. El resultado de las urnas del domingo no solo constituye un mandato democrático inequívoco, sino también la expresión de un anhelo profundo por restaurar el orden, reconstituir la autoridad del Estado y reconducir al país hacia una senda de desarrollo integral. Este cambio no debe entenderse únicamente como una respuesta de emergencia frente a una situación crítica, sino como la oportunidad de iniciar una recuperación nacional con proyección de largo plazo.

El discurso del Presidente electo ha marcado el tono de lo que debiera ser este nuevo ciclo: solidez en el diagnóstico con apertura al diálogo; claridad en los principios con disposición a construir acuerdos. La seguridad pública, el crecimiento económico y la estabilidad institucional son condiciones imprescindibles para restablecer el marco mínimo de civilidad. Pero son, sobre todo, medios indispensables para avanzar con éxito en las grandes tareas pendientes: salud, educación, vivienda y pensiones.

En esta perspectiva, el desarrollo que Chile necesita no puede ser reducido a su dimensión material. Como en todo cuerpo social, es el alma la que otorga vitalidad, cohesión y sentido. Por ello, los llamados a la unidad nacional, al respeto mutuo, al cumplimiento del deber y al cultivo de la excelencia en la actividad cotidiana no deben ser vistos como adornos retóricos, sino como pilares culturales que pueden y deben ser revalorizados. Recuperar el aprecio por la responsabilidad personal y compartida es uno de los desafíos más urgentes de esta hora.

En este contexto, fortalecer la educación en su dimensión formativa resulta ineludible. Conjuntamente, la educación cívica, la ética pública, el fomento de la cultura, las humanidades y las artes, constituyen elementos esenciales para el fortalecimiento del acervo intangible de la Nación. No hay desarrollo sostenible sin virtudes cívicas ni progreso duradero sin fundamentos culturales y éticos. Una comunidad política madura se labra desde la infancia, se protege desde las instituciones y se impulsa a través de sus liderazgos.

Asimismo, retejer la confianza social exige una conducción que no confunda firmeza con sectarismo. La política responsable es aquella que reconoce la diversidad legítima y busca integrarla bajo el horizonte de una visión común. La exclusión a priori erosiona precisamente aquello que se busca recomponer: la unidad nacional.

Hoy se abre, por tanto, una posibilidad real de reconciliación con lo mejor de nuestra tradición republicana: aquella que valora el orden como requisito de la libertad, el deber como fundamento de los derechos y la comunidad -la familia, la primera- como ámbito concreto para el florecimiento humano. Si el próximo gobierno logra armonizar estos principios con sabiduría y eficacia, Chile no solo podrá superar su crisis actual, sino sentar las bases para un porvenir más estable, más justo y, definitivamente, más esperanzador.

Por Álvaro Pezoa, Director Centro Ética y Sostenibilidad Empresarial, ESE Business School, U. de los Andes