SEÑOR DIRECTOR
La reciente aprobación del Presupuesto 2022 es una buena noticia. Las discusiones de esta Ley son arduas, pero este año se sumó una complejidad: las condiciones sanitarias y macroeconómicas que enfrenta el país, como consecuencia de la pandemia y de las medidas implementadas para hacerle frente. La crisis económica y sanitaria requirió un esfuerzo fiscal sin precedentes para atenuar sus impactos sobre la salud, el empleo y los ingresos de los hogares. El gasto público llegará cerca de 32% del PIB en 2021 (desde algo menos de 24% en 2018), la deuda pública bruta subirá hasta casi 35% del PIB, nivel que no veíamos desde inicios de los noventa, y el déficit estructural superará el 11% del PIB. Y la situación financiera neta del gobierno se ha deteriorado aún más, dado el uso de los fondos soberanos.
La economía chilena se recuperó rápido de la crisis económica y el exitoso proceso de vacunación implementado en el país permite que enfrentemos el virus con algo más de tranquilidad que muchos otros países. Pero, así como la expansión fiscal contribuyó a esta rápida recuperación, también es uno de los factores del sobrecalentamiento y el aumento de las presiones inflacionarias.
Por eso, el Presupuesto 2022 es un paso importante en la consolidación fiscal post pandemia, al retomar el rol de ancla fiscal del balance estructural. Es positivo también el énfasis en inversión y el hecho de que no se ponga en riesgo el financiamiento de las políticas públicas permanentes, con un presupuesto que crece 3,7% comparado con la ley 2021. Pero ello debe complementarse con una estrategia de reducción adicional del déficit estructural por parte del próximo gobierno, compatible con una trayectoria sostenible de la deuda pública. No hacerlo tendría fuertes costos para el país, con deterioros adicionales de la clasificación crediticia, mayores tasas de interés y desvíos crecientes de recursos desde la política social hacia el pago de intereses. Incluso, no es difícil que se den escenarios en los cuáles, en los próximos cuatro años, la deuda se aproxima a niveles que han hecho perder el grado de inversión a otros países emergentes.
La fortaleza fiscal ha sido uno de los principales activos de Chile en las últimas décadas, es lo que nos permitió actuar con fuerza para enfrentar esta crisis y es un pilar que debemos reconstruir. Entre otras razones, porque permitirá mantener en el futuro favorables condiciones de acceso al financiamiento para los hogares y las empresas, y porque es una condición necesaria para continuar en el camino hacia el desarrollo.
Felipe Larraín B.
Profesor titular Economía UC y Clapes UC
Ex ministro de Hacienda
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