Una nueva derrota política para el gobierno

30 de Noviembre del 2022 Las ministras Marcela Rios, Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, durante sesion de sala que analiza la postulación del nuevo Fiscal Nacional. Foto: Dedvi Missene

El hecho de que el Ejecutivo no lograra alinear a todos sus senadores en torno al nombre que propuso para nuevo fiscal nacional no solo revela un fuerte déficit de gestión política, sino también los serios problemas para articularse como coalición.



“Solo faltaron dos votos”, fue la explicación de la ministra secretaria general de la Presidencia para justificar la derrota que experimentó el gobierno en la sala del Senado, luego de que solo se logró reunir 31 de los 33 votos necesarios para que el candidato a fiscal nacional del Ministerio Público propuesto por el gobierno, José Morales, fuese aprobado. Desde que se instauró esta institución nunca había ocurrido que el nombre elegido por el gobierno fuese rechazado por la Cámara Alta -por el contrario, solía ser aprobado por amplias mayorías y escasas abstenciones-, por lo que el episodio, lejos de pretender ser reducido a que faltaron un par de votos, revela en cambio graves fallas de gestión política del Ejecutivo y da cuenta también de las crecientes dificultades de la coalición de gobierno para articularse como un todo, con evidentes repercusiones en la gobernabilidad. A ello se agregan cuestionables prácticas parlamentarias, como es la ausencia de senadores por motivos de viajes al extranjero sin haber solicitado el respectivo permiso constitucional, cuestión que también tuvo incidencia en este resultado.

Según ha trascendido, el nombre de Morales no era el que inicialmente despertaba mayor entusiasmo en La Moneda, pero el que se buscara privilegiar una carta que aparentemente despertaba menos resistencia entre los senadores, y que además venía precedido de haber logrado el mayor número de votos entre los ministros del máximo tribunal, supone una actitud de sano pragmatismo por parte del Presidente de la República. Sin embargo, había suficientes indicios de que esta vez conseguir los dos tercios del Senado no estaba asegurado. Por de pronto, esto fue evidente al tenor de las inquisitivas preguntas y cuestionamientos de que fue objeto Morales por algunas de sus actuaciones como fiscal durante la sesión de comparecencia ante la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, y la votación final resultó elocuente: seis votos en contra y ocho abstenciones.

Lograr la aprobación del nuevo fiscal nacional era la primera gran prueba que enfrentaría el nuevo comité político tras el cambio de gabinete en septiembre pasado, por lo que, sobre todo, las ministras del Interior, Segegob y de Justicia cargan con la responsabilidad política de no haber sido capaces de alinear al oficialismo en torno a la propuesta del Presidente, ni tampoco de haber asegurado más votos en la oposición -descuidando sobre todo las negociaciones con Renovación Nacional, que tiene la bancada senatorial más grande-, a fin de que el resultado hubiese sido más holgado.

Afloran aquí problemas que dan cuenta de las carencias del Ejecutivo para lograr una relación fluida con el Congreso, algo que ya ha sido alertado incluso desde el oficialismo, y que motivó que en el último cambio de gabinete justamente se removiera al entonces ministro Segpres, Giorgio Jackson. Estas dificultades llevan a interrogarse si esto puede estar anticipando nuevos traspiés en otras iniciativas legislativas que requerirán construir amplias mayorías, y naturalmente abren una razonable duda del resultado que tendrá el proceso para designar a un nuevo fiscal nacional, cuyos plazos son inminentes. Un nuevo fracaso no solo supondría un grave daño para el gobierno, sino que, además, prolongaría lo anómalo que resulta que una institución fundamental como el Ministerio Público, justo cuando arrecian la delincuencia y el crimen organizado, siga con una jefatura subrogante.

Pero el hecho de que no estuvieran todos los votos del oficialismo trasluce también los problemas estructurales que arrastra la coalición de gobierno, que en sus casi nueve meses de gestión ha mostrado una y otra vez dificultades para articularse como un solo bloque. Así, Apruebo Dignidad votó dividida, pues si bien el Ejecutivo logró alinear a RD y al PC, en el FRVS hubo una abstención y un voto en contra. En el Socialismo Democrático, en tanto, llamó la atención que solo tres socialistas aprobaran la propuesta, y dos se abstuvieran, lo que resulta aún más llamativo considerando que la ministra Segpres pertenece a dicha tienda. Esta falta de cohesión y desorden en las filas oficialistas quedó reflejada con elocuencia en las palabras del senador PS José Miguel Insulza al presentar su renuncia como jefe de bancada del PS: “Qué va a coordinar usted si cada uno hace lo que quiere (…) El daño está hecho, porque muestra a una coalición de gobierno poco afiatada”. Queda claro que el reciente cónclave entre las fuerzas de gobierno para articularse mejor no rindió mayores frutos, y obligarán al Presidente de la República a tener que ejercer un rol más decisivo como jefe de gobierno ante lo insostenible de la forma como está funcionando la coalición.

Pero la falta de gestión política del Ejecutivo y las indisciplinas no pueden minimizar el cuestionable actuar de senadores que se ausentaron del país sin solicitar el respectivo permiso constitucional -salvo una senadora DC que sí hizo este trámite, uno del PS y dos de Evópoli no lo solicitaron-, con lo cual no se redujo la cantidad de senadores en ejercicio, manteniéndose así el quórum de 33 votos, algo que de haber cambiado, eventualmente podría haber devenido en un resultado diferente. Si esto fue una maniobra intencional para hacer fracasar el proceso, o una mera desidia, es algo que los involucrados debieran aclarar ante la ciudadanía, pero en todo caso cabe hacer presente lo improcedente -cuando no derechamente irresponsable- que resulta el hecho de que los parlamentarios naturalicen la práctica de ausentarse sobre todo cuando hay votaciones que resultan muy relevantes para el país.

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