Lo ocurrido esta semana en la Comisión de Hacienda con el proyecto FES fue inesperado, pero no sin fundamento. Los diputados rechazaron dos aspectos clave de la propuesta del gobierno: la prohibición del copago de las familias y el sobrepago (hoy ilimitado) de los graduados después de egresar.

La prohibición del copago, por una parte, ha sido transversalmente criticada por las universidades del país, los centros de formación técnica e institutos profesionales, tanto individualmente como en sus distintas agrupaciones (CRUCH, CUP, Vertebral). La prohibición quita a las instituciones de educación superior una fuente de ingresos clave, que permite financiar la investigación, infraestructura y laboratorios, el mejoramiento de la calidad, políticas de becas internas, la vinculación con el mundo del trabajo y el medio en el que se desempeñan. Asimismo, el copago permite a las instituciones fijar sus aranceles autónomamente, manteniendo así su autonomía frente al Estado y frente a otros grandes donantes, consolidando su proyecto educativo y su misión de búsqueda del conocimiento. Al Estado nunca le ha acomodado, ni le acomodará, la falta de control sobre el conocimiento técnico, el capital humano y el prestigio del mundo académico. Pero esa es la forma en que las democracias mantienen su “conciencia crítica”: mientras más cómodas y afines son las universidades con el gobierno y el Estado, más se alejan de su naturaleza. Y es difícil ser crítico de alguien si tu bolsillo depende de él.

El sobrepago –el hecho de que el gobierno promueva que el 40% de los beneficiados pague al Fisco más de lo que este pagó por sus estudios– es una consecuencia de haber diseñado el FES como un impuesto. Esto genera una suerte de sistema de reparto, en el que el 40% que paga más financia al 60% que paga menos. Pero es un reparto, además, engañoso. Más de 500 mil personas ya estudian gratuitamente. Ellos no restituyen nada. El reparto que establece el FES es entre clases medias, porque frente a un impuesto tan alto, por 20 años, los más ricos no participarán del FES. Clases medias altas pagarán su propia educación y la de las de clases medias bajas, y ambas, con sus impuestos, pagarán la gratuidad de los más pobres. No se propone en el FES un esquema de financiamiento a la educación superior, sino una reforma tributaria.

¿Mejora el proyecto con estos cambios? No. La manera correcta de entender estos cambios es como una señal política de los diputados hacia el gobierno. Los pilares de su propuesta: gratuidad en el punto de acceso de la mano de un impuesto a los graduados de clase media es inconveniente para el sistema, las instituciones, los estudiantes y el país. El proyecto FES debe rechazarse y reformularse con los tiempos que se requieren.

¿Y la condonación parcial del CAE? De partida, la propuesta de reorganización y cobranza efectiva del CAE ha recibido menos críticas. Y si bien es perfectible, no se puede negar que va en la dirección correcta. Si la idea es avanzar, el camino es separar la condonación y reorganización del CAE del FES, de forma de tramitarlas de forma independiente. Eso permite aliviar la presión electoral sobre el gobierno saliente, cumpliendo en parte su promesa, y al mismo tiempo, hacerse cargo del problema fiscal derivado de la significativa morosidad del CAE, que el mismo oficialismo creó al deslegitimar los créditos estudiantiles y prometiendo su condonación universal.

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar