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Opinión

Violaciones de DD.HH. de Adultos Mayores en Chile


SEÑOR DIRECTOR
¿Es posible imaginar una muerte más cruenta que la acaecida a 10 ancianas postradas, consumidas en un incendio en una casa de reposo ubicada en la comuna de Chiguayante? ¿Es ésta la primera vez que un hecho tan trágico como este ocurre en Chile? ¿Qué lecciones nos enseñó la crisis del Sename sobre la situación de niños y niñas internadas, y cuyas graves violaciones, muchas veces denunciadas, han llevado a la actual crisis de esa institución y a la tardía reacción por parte del Estado?
Los trágicos hechos denunciados en la prensa dan cuenta de una realidad que se murmura y aparece ocasionalmente en los medios, pero que es cada vez más extendida, dados los cambios demográficos y sociales que experimentamos: la de los adultos mayores internados, dependientes, en una casa de reposo o en los propios hogares.
Esta realidad levanta preguntas de cómo el Estado de Chile está cumpliendo sus compromisos internacionales y domésticos en relación a los derechos de los adultos mayores. El año pasado se publicó la Convención Interamericana sobre protección de los Derechos del Adulto Mayor, la que impone precisas obligaciones respecto de los adultos mayores que reciben cuidados del largo plazo. Entre ellos (art. 12, letra c), la de establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de cuidado de largo plazo.
En nuestra legislación vigente, esos recintos están en parte bajo la supervisión del Servicio del Adulto Mayor (Senama) y primariamente de los respectivos seremis de Salud, según el Decreto Supremo Nº 14 del año 2010, del Ministerio de Salud, que aprueba un reglamento para establecimientos de larga estadía para adultos mayores. ¿Cómo se lleva a cabo esa fiscalización? ¿Son suficientes los recursos y los instrumentos que existen? Todas estas preguntas se levantan a raíz de estos trágicos eventos y que nos llevan a prestar atención a un creciente sector de la población chilena, particularmente vulnerable, y que demanda por ello una especial preocupación del Estado en su calidad de garante de sus derechos.

Tomás Vial Solar
Profesor y miembro del Centro de Derechos Humanos de la UDP

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