En febrero de este año, Antonia Carrasco Pérez fue a hacer la denuncia a la 43 Comisaría de Santiago. Moretones en su cuerpo, sangre desparramada y dedos marcados en su cuello, eran solo la muestra de lo que su pareja había hecho minutos antes: arrastrarla por el suelo e intentar ahorcarla. El informe del estado de Antonia fue lapidario: según la encuesta que le realizaron en Carabineros que medía el grado de violencia, ella enfrentaba riesgo vital respecto a su víctima. Pablo quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a ella.

Era el tercer ataque provocado por celos furiosos, era la tercera denuncia que interponía Antonia. A la cuarta no alcanzó a llegar: la madrugada del miércoles pasado, Pablo asesinó a Antonia a puñaladas, agredió al padre de ella con un cuchillo hasta reventarle un ojo y cayó desde el balcón contiguo de ese departamento ubicado en Portugal donde llegaron a vivir Antonia y su hijo escapando del horror. Pablo también falleció.

La prohibición de acercarse no se cumplió. Carabineros supo de esa mujer de 21 años que debía proteger cuando la encontró muerta, una muerte que pudo evitarse con el uso de la tecnología.

Desde hace tres años se incorporó en Chile la ley de monitoreo telemático como medida cautelar en casos de violencia intrafamiliar. La legislación la prescribe para quienes han sido matrimonio, convivientes o tengan un hijo en común. Sin embargo, no es obligatorio en todos los casos: un juez evalúa cuando dar acceso a esta medida cautelar y en Chile su uso sigue siendo escaso.

El monitoreo telemático consiste en que el agresor usa una tobillera electrónica —como las que se ven en las películas y que hoy llevan Jair Bolsonaro o Cristina Fernández en sus pantorrillas—, lo que permite conocer cada movimiento del infractor. Al mismo tiempo, en casos de violencia intrafamiliar (VIF), el Estado entrega a la víctima y sus hijos un teléfono celular para que Carabineros pueda comunicarse con ella si el victimario se acerca a la casa, al lugar de trabajo o al colegio de los niños.

Según la empresa a cargo del monitoreo telemático en Chile, Track Group, lo primero que hacen muchos imputados cuando llegan a sus casas con la medida cautelar de prohibición de acercamiento es intentar ir donde la víctima. Pero gracias a este sistema, hasta ahora no se ha registrado ninguna agresión mientras son monitoreados. Como la tobillera permite comunicarse en línea con el imputado, el operador puede hablarle directamente para persuadirlo de cambiar de rumbo. Al mismo tiempo, Carabineros advierte a la víctima dónde resguardarse y se dirige a buscar al agresor, logrando llegar a él en menos de 12 minutos. Andrés Briceño, director de Track Group, asegura que la tasa de éxito ha sido total: no ha existido ningún ataque contra las víctimas que están protegidas por este sistema.

Una de las ventajas, que tiene además el uso del monitoreo telemático es que permite al agresor seguir trabajando y aportar a la manutención de los hijos. Este dato no es menor: la mayoría de las mujeres que vuelven a tener una relación con quien las violenta lo hace por necesidades económicas a costa de golpes y agresiones. Para el Estado también es una ventaja: mantener a una persona en la cárcel cuesta entre $800.000 a $1.500.000 mensualmente. Un mes de tobillera, en cambio, tiene un costo de apenas $120.000.

Son medidas importantes si se considera que hoy muchas familias viven el terror a diario. Los tribunales conocen casos a la vuelta de la esquina que advierten lo mismo: la historia de Antonia puede repetirse. En lo que va de este año ya son 28 los femicidios; en 2024 fueron 44.

Uno de esos casos es el de Macarena Fierro —34 años y madre de tres hijos—, que intenta sostener una rutina que desde el 12 de octubre de 2022 nunca volvió a ser la misma. Ese día, su expareja Matías llegó a buscar a los niños en el horario de visita pactado tras la separación ocurrida cuatro meses antes. “Él venía molesto”, recuerda. Discutieron por la silla de seguridad de la hija menor, que estaba mal instalada. “Es mi auto, yo hago la hueá que quiero”, le gritó. Cuando la hija mayor intentó subir al vehículo, él le sacó la mochila y dijo que no se iría con él. Al verlo descontrolado, Macarena temió por la seguridad de los niños y le pidió que se calmara antes de llevárselos, pero él se negó. Fue entonces cuando decidió interponerse frente al auto. “Pensé que iba a detenerse, que se iba a calmar, pero no… aceleró”. La arrastró cerca de 15 metros y se fue.

Para la justicia fue una “lesión menos grave”. Para ella, un femicidio frustrado que ni siquiera figura entre los 180 que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género registró ese año. “Él sabía lo que hacía, quería matarme”, afirma. Ese episodio marcó el inicio de una cadena de denuncias, audiencias y resoluciones judiciales que terminarían con una orden de alejamiento y con la ilusión de un monitoreo telemático que nunca se concretó.

El costo de vivir con miedo

En enero de 2023, Matías llegó hasta la casa de los padres de Macarena —donde ella vivía junto a sus hijos— y la amenazó con golpearla. Poco después apareció en el jardín infantil de los niños e intentó retirarlos, presentándose como su tío. “Uno adapta su vida a ese miedo”, dice. “Identificaba el auto de él, veía su camioneta y sabía que estaba cerca. No podía estar tranquila en ningún lugar”.

Esa vez, Macarena presentó una denuncia en Carabineros. Se abrió una causa por violencia intrafamiliar en el Tribunal de Familia de Los Andes y, al igual que pasó con Antonia, se decretó la prohibición de acercamiento. Además, el tribunal solicitó a Gendarmería un informe de factibilidad técnica para instalar un monitoreo telemático, considerando que la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo (PUIR) indicaba un nivel alto. Fue la primera vez que vio una luz. “Cuando se abre esa posibilidad, pensé: ya, le van a poner una tobillera. Al menos vamos a tener la tranquilidad de saber si él viene, de poder resguardarnos y proteger a los niños”.

Según la abogada María Belén Ferreira, especializada en derecho de familia y violencia hacia la mujer, “las mujeres están más tranquilas cuando los victimarios tienen tobilleras porque se sienten más protegidas. Es una herramienta que tiene efectos psicológicos y un símbolo de reparación”.

La ilusión duró poco: no existió la factibilidad técnica. Según Track Group, esto ocurre principalmente cuando el Estado entrega mal la dirección —a veces inexistente—, cuando el victimario vive a menos de mil metros de la víctima, lo que impide un seguimiento exacto, o por razones que parecen absurdas, como en el caso de Matías. Mientras era denunciado por violencia intrafamiliar, cometió un delito común para el que sí se dispuso el uso de tobillera. La ley establece que este dispositivo solo puede aplicarse para un tipo de delito, no dos.

Macarena tuvo que organizar un plan personal: gas pimienta en la cartera, rutas alternativas para volver a casa y un protocolo familiar en caso de que él apareciera. “Quedas paranoica, con la certeza de que estás sola”.

Para la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, esta limitación responde a un tema estructural. “La factibilidad técnica no es burocracia, es asegurarse de que si la tobillera alerta, haya una respuesta, para no crear la sensación de falsa seguridad. Tiene relación con la capacidad práctica e informática de las instituciones para supervisar en tiempo real la ubicación geográfica de la persona denunciada y de aplicar efectivamente el protocolo de protección en caso de ser necesario”.

Ferreira enfatiza la gravedad: “Que una mujer evaluada en riesgo alto no acceda a monitoreo telemático por falta de recursos o implementación es un fracaso institucional. Da el mensaje de que la vida de las mujeres depende de la logística, no de su derecho a vivir libres de violencia”.

Una ley subutilizada

En octubre de 2021 se promulgó la Ley 21.378, que estableció el uso de monitoreo telemático mediante tobilleras electrónicas en casos de violencia intrafamiliar. Su objetivo era claro: reforzar las órdenes de alejamiento y garantizar protección a las víctimas.

Sin embargo, en la práctica, las tobilleras se usan poco. El Estado calcula un universo de 2.800 casos anuales, pero no se ha solicitado su aplicación en más de 150. Es decir, se protege a menos del 6 %. En contraste, un estudio del programa de monitoreo electrónico de violencia doméstica en Australia mostró que los portadores de la tobillera estuvieron involucrados en 20 % menos incidentes de violencia familiar y 81 % menos de incidentes violentos durante el periodo en que fueron monitoreados, en comparación con el año anterior.

La ley chilena también queda corta: deja fuera las relaciones sentimentales sin convivencia, como el pololeo, aunque en ellas también se producen agresiones e incluso femicidios. A raíz del homicidio de Antonia, la diputada Natalia Romero volvió a exigir al Gobierno que dé urgencia a un proyecto que presentó en mayo de 2022 para extender el monitoreo telemático a este tipo de relaciones. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2023 y desde entonces espera en el Senado. “Hay cientos o miles de denuncias donde los tribunales no pueden ordenar que los victimarios utilicen tobilleras electrónicas, porque no se cumple con alguna de esas condiciones”, explicó esta semana. Para ella, el sistema es “una medida cautelar que se puede aplicar al momento de una formalización, sin necesidad de una condena” y que habría evitado tragedias. “Tenemos la obligación de brindar una protección real y efectiva a todas las víctimas de violencia intrafamiliar”, sostuvo.

Desde el SernamEG, la ministra señala que la implementación de la ley “ha requerido un trabajo coordinado y permanente entre todas las instituciones involucradas, como el Ministerio Público, Carabineros, PDI, Gendarmería y el Poder Judicial, con el fin de identificar y resolver los obstáculos que surgen o podrían surgir durante el proceso de monitoreo telemático en casos de violencia intrafamiliar”.

Para la abogada Ferreira, el dispositivo es mucho más que un asunto técnico o de presupuesto: “Cambia el eje de la protección. La seguridad deja de recaer solo en la víctima y pasa a ser también responsabilidad del Estado y del agresor. En contextos de riesgo alto, literalmente puede salvar vidas”.

La ministra Orellana añade que el trabajo debe continuar para fortalecer la implementación. “Debemos seguir buscando la manera de perfeccionar estos mecanismos con la finalidad de asegurar que cada mujer que ha vivido violencia reciba la protección que necesita”. Y advierte que el monitoreo telemático no puede evaluarse en abstracto. “En algunas instancias puede funcionar, especialmente en etapas tempranas de violencia. Pero en agresores con un patrón instalado, que suelen ser los más peligrosos, la evidencia ha mostrado que no tiene un efecto disuasivo”. Por eso, cuando no se puede instalar la tobillera, el Estado debe redoblar los esfuerzos: “En esos casos se debe intensificar la protección a través de otras medidas, como rondas periódicas de Carabineros”.

También se requiere mayor rigor en las exigencias tecnológicas al momento de licitar. En España —uno de los países con la mayor tasa per cápita de uso de tobillera en VIF, que en 2021 protegió a 2.500 mujeres—, el cambio de proveedor de Telefónica a Vodafone trajo fallas técnicas que provocaron interrupciones, alertas falsas o pérdida de rastreo. Esta misma semana, la ministra de Igualdad, Ana Arredondo, debió dar explicaciones porque las beneficiarias denunciaron desprotección total, ya que no tenían cómo saber dónde estaban sus agresores. La prensa la encaró preguntándole si les pedía perdón a las víctimas.

En Chile, la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, reconoce que uno de los desafíos es garantizar que “las resoluciones de solicitud de monitoreo cumplan con los requisitos mínimos de implementación, en particular asegurar una distancia mínima entre los domicilios del victimario y de la víctima”. Añade que desde el ministerio han pedido capacitaciones periódicas a Gendarmería para sus abogadas, con el fin de conocer en detalle su funcionamiento. Y admite que en comunas rurales se presentan dificultades porque “los domicilios y lugares de trabajo se encuentran dentro del mismo radio”.

La protección que nunca llegó

Días después, en el cumpleaños de su hijo del medio, Matías apareció en la casa de Macarena acompañado de Carabineros. Les habría dicho que no lo dejaban ver a su hijo y que solo quería entregarle un regalo. Todo esto, con medidas cautelares vigentes y una orden de detención en su contra. “No sé qué triste historia les habrá contado, pero lo trajeron igual”, recuerda. Para Macarena, la protección del sistema nunca fue suficiente. “Si fuera por el Estado, yo estaría bajo tierra”, dice con crudeza.

“Muchos jueces aún priorizan medidas tradicionales, como órdenes de alejamiento en papel, aunque sabemos que son insuficientes en casos de alto riesgo”, señala la abogada Ferreira.

La sentencia dictada en octubre de 2024 fue clara: “se puede acreditar los hechos de violencia, en los cuales fue expuesta la señora Macarena”. El fallo también sostuvo que “se tendrá por acreditado el hecho que el denunciado dio malos tratos de carácter psicológico a la denunciante, consistentes en expresiones verbales que la denostaban y menospreciaban en su valía como mujer”. El informe pericial determinó además que Matías “presenta problemas en el control de impulsos y un perfil violento en la resolución de conflictos”. Incluso, él “reconoció parcialmente el ejercicio de la violencia con su expareja”. Pese a ello, el tribunal rechazó la denuncia por actos de violencia intrafamiliar interpuesta por Macarena. Una contradicción que, para ella, resume el problema: “el sistema no está preparado para proteger a las víctimas”.

Macarena está convencida de que “la tobillera habría marcado una diferencia”. Y las cifras lo confirman: hasta ahora no se ha registrado ninguna agresión contra mujeres que cuentan con monitoreo telemático activo. “Cuando él siente que sus actos no tienen consecuencia, sigue. Si desde el primer momento le hubieran dicho ‘usted no se puede acercar’, lo hubiese pensado dos veces antes de golpear a otra mujer”. Y lo hizo. El valor del dispositivo, explica, no es solo técnico, sino también simbólico. “Una medida visible recuerda al agresor y alerta a los demás. No es lo mismo un papel que un dispositivo que suena cuando traspasa el límite”.

Hoy Matías está en prisión preventiva, no por lo que ella denunció, sino por desacatar otra medida cautelar en un caso de violencia contra otra mujer. “Eso demuestra lo que vengo diciendo hace años: el sistema no funciona. Era lo mínimo que le pusieran la tobillera, y no lo hicieron”, señala.

Ferreira añade que el vacío no es solo legal, sino práctico. “La normativa reconoce el derecho a una vida libre de violencia, pero en la práctica vemos tribunales que dictan medidas que no se cumplen. La consecuencia puede ser trágica. Cada día sin protección efectiva es un día en que esa mujer y sus hijos corren peligro”. Como advierte la ministra Orellana, la clave es “seguir perfeccionando los mecanismos y fortalecer la coordinación institucional para asegurar una protección real y eficaz para las mujeres”.

Antonia no sobrevivió a su agresor. Macarena, lucha todos los días para lograrlo. Chile cuenta con una ley que puede salvar vidas, pero que los jueces pocas veces dictaminan. El monitoreo telemático es una herramienta disponible y más económica. Cada día sin protección efectiva es un día más en que una mujer podría pasar el horror que Antonia no sobrevivió.