Aun cuando la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA) ya tendría una base de apoyo político en la Cámara, si este libelo se resolviera por las opiniones académicas, hasta el momento no pasaría el examen.

De hecho, ha sido un problema para los diputados acusadores encontrar voces de constitucionalistas y economistas en apoyo al texto.

Varios invitados han enviado excusas, al punto que la comisión revisora de la acusación, que preside la diputada Marcela Hernando (radical), determinó no sesionar el pasado viernes ante la falta de expositores.

La última sesión fue el jueves, a la que tampoco asistieron diputados patrocinantes de la presentación, ausencia que fue levantada por la oposición para remarcar la falta de interés que está generando esta ofensiva impulsada por libertarios y republicanos.

Dentro de los pocos académicos que han expuesto, solo el profesor de economía Jorge Berríos le dio cierto piso al concluir que, en los errores de estimaciones fiscales, validadas por Grau, apreciaba cierta “sistematicidad”. Aun así, dijo que “es difícil, a priori, definir si la acusación contra el exministro tiene bases sustentables o no... Tendría que estar en el Ministerio de Hacienda para definir si el umbral es un error aceptable”.

Otro de los testigos clave que presentó la parte acusadora, el director de Presupuestos José Pablo Gómez, tampoco fue concluyente, señalando que existe un sumario para detectar el origen de los errores en materia de deuda pública y en el erario nacional. “No tengo claro cuáles fueron las causas o los responsables”, explicó.

Este lunes, los acusadores aspiran a tener algunos avales jurídicos e invitaron a exponer a los abogados Juan José Romero (expresidente del Tribunal Constitucional) y Pablo Lizama. Sin embargo, la opinión de ambos respecto de este libelo aún es un misterio.

En esta jornada, también intervendrán los exministros de Hacienda Andrés Velasco y Manuel Marfán, quienes en días previos ya han anticipado sus posturas críticas respecto de la acusación, al igual que otros extitulares de la cartera, como Mario Marcel, quien concurrió dos días seguidos a la comisión revisora, e Ignacio Briones (Evópoli), quien, en todo caso, fue uno de los que declinó la convocatoria.

Hasta el momento van catorce excusados (algunos enviaron más de un correo con su negativa por “razones de agenda” ante la insistencia de la comisión); dos expertos que ni siquiera respondieron; seis expositores y otros cuatro pendientes.

Golpe de abogados

Una vez terminadas las exposiciones de este lunes, la instancia revisora procederá a votar el libelo.

Aquel resultado, sin embargo, es solo una recomendación para la votación definitiva en la Sala de la Cámara, que se realizará el martes.

A diferencia de la situación de los acusadores, la defensa de Grau, que encabeza el constitucionalista Patricio Zapata, ha logrado algunos aliados entre los pocos expertos que han aceptado la invitación de la comisión.

Particularmente, las exposiciones de los abogados constitucionalistas -Jorge Correa (DC) y Marisol Peña (independiente y referente académico en la derecha), fueron un mazazo a la arremetida de libertarios y republicanos, quienes al ver que su escrito no ha logrado convencer a juristas y economistas, hoy confían en que los argumentos políticos serán los que les darán un triunfo en la Sala.

Por ejemplo, Correa sostuvo que es discutible el tema de la responsabilidad del ministro. “Yo creo que esas son discusiones complejas... La acusación se cae completamente en atribuirle al ministro infracciones de ley”, dijo.

Ese mismo día expuso Marisol Peña, cuyas palabras calaron hondo en la derecha. Ella, en el pasado, había dado piso a algunas ofensivas del sector. Ahora, sus reparos al texto -ya adelantadas en una entrevista-, llevaron a que algunos diputados RN anunciaran su rechazo a la presentación.

“No existe ningún principio constitucional que estipule el deber de los órganos encargados de confeccionar el Presupuesto de no errar en la estimación de los ingresos... El libelo no logra configurar responsabilidad constitucional”, dijo la expresidenta del Tribunal Constitucional.

Ausencias

La gran cantidad de excusas fue leída por legisladores de la oposición, y también por algunos del oficialismo, como señales de debilidad de los sustentos económicos y jurídicos del texto.

Ello fue tema de debate en la comisión, a partir de un comentario del diputado Alejandro Bernales (liberal). No obstante, ante estos reproches, el diputado Luis Sánchez (republicano) dijo “no sé si es el espacio para especular sobre qué estará en la cabeza de las personas que deciden no venir”. ”El colega plantea que es quizás porque consideran que esto no tiene fundamento. Yo podría decir, bueno, quizá es porque hay una regla de buen trato entre ministros y exministros de Hacienda, y no se pegan entre ellos. Uno podría especular las razones que a uno se le ocurran”, señaló Sánchez.

Independientemente de los motivos en la primera sesión que se disponían a recibir a expertos -el pasado 15 de junio-, fueron invitados los economistas Felipe Larraín, Rodrigo Valdés, Ignacio Briones, Nicolás Eyzaguirre, Matías Acevedo y Alejandro Weber.

Sin embargo, todos se excusaron por problemas de agenda.

Para la audiencia del 16 de junio, en tanto, se recibieron las dispensas de los abogados constitucionalistas Javier Couso y Enrique Navarro, entre otros.

El miércoles 17 el escenario fue el mismo, pues el economista Pablo Silva y el rector de la Universidad Mayor, Patricio Manque, tampoco asistieron. Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, también envió excusas.

Para el jueves, no concurrieron el economista Jorge Rodríguez ni y la exdirectora de Presupuestos del gobierno de Boric, Javiera Martínez.

Economistas

Desde el mundo de las finanzas, la opinión más crítica en la comisión la planteó Marcel. “El tema de la acusación a un ministro de Hacienda por diferencias en proyecciones, me parece extraordinariamente riesgoso”, afirmó el también expresidente del Banco Central.

El economista José Gabriel Palma expuso el jueves. Si bien dijo que el orden de las arcas fiscales es un indicio de la seriedad de un país, consideró que “la experiencia me dice que, si este fuera algo que se hiciese en otros países, una acusación por errores de proyección, digamos, no habría ministro de Hacienda en el mundo que se mantendría en su puesto. Los problemas de error y proyección son el pan de cada día”.