Fue el pasado 30 de enero cuando la exfiscal Ana Victoria Quintana (51) sostuvo una reunión con la directiva de su colectividad, el Partido Nacional Libertario (PNL), liderada por Johannes Kaiser, para comunicar que había sido contactada por la Oficina del Presidente Electo (OPE). Esto, con el objetivo de que pudiera asumir en la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Semanas antes, su colectividad había definido no sumarse a la futura administración de José Antonio Kast, cortando así cualquier posibilidad de que sus militantes asumieran algún cargo en la primera o segunda línea del Ejecutivo. Por lo mismo, Quintana se acercó a Kaiser.

La abogada tenía decidido llegar a la subsecretaría, por lo que alcanzó a un acuerdo con el libertario: suspender su militancia mientras se mantuviera en el Ejecutivo. La figura si bien no existe legalmente, según explican en la colectividad, en concreto significa que se marginará de todas las instancias partidarias.

“Sería irresponsable de nuestra parte impedir que una de nuestras mejores cartas pueda hacer un aporte”, dijo Kaiser unos días después de ese encuentro.

Quintana llegó al partido mientras se empezaba a preparar la campaña presidencial, primero para colaborar de forma independiente y después como militante. Debido a su experiencia, Kaiser la involucró rápidamente en su equipo y trabajó en la elaboración del programa de Justicia y también en áreas como seguridad.

Incluso, integró la lista de nombres que el exabanderado hizo llegar al equipo de Kast para asumir cargos en el gobierno, específicamente para el Ministerio de Justicia, uno de los considerados clave por Kaiser debido a su propuesta para reformar al Poder Judicial.

El nombre de Quintana, en todo caso, finalmente fue descartado por el equipo del presidente electo, junto a otros propuestos por Kaiser, lo que gatilló la decisión de la directiva de no entrar al gobierno.

En ese contexto, la decisión de que Quintana se aleje del partido no fue fácil. De hecho, si bien públicamente Kaiser respaldó la definición, lo cierto es que fue el primer golpe para la resolución de la directiva de no ingresar a la administración de Kast y les significó perder a una militante cercana.

Lo anterior, en un contexto en el que Kaiser había reiterado que no permitirían que militantes asumieran cargos de responsabilidad política, adelantando incluso sanciones. Algo que no ocurrió en el caso de Quintana, donde la decisión de llegar a la subsecretaría se tomó de mutuo acuerdo.

En ese escenario, de hecho, el diputado y exjefe de campaña de Kaiser, Cristián Labbé, quien ha sido uno de lo más críticos de la decisión del partido, no dudó en escalar su ofensiva contra la directiva acusando un control “autoritario”.

“Puede ser leído como una salida elegante, pero finalmente lo que está demostrando es que el partido finalmente logra tener el control sobre sus militantes”, afirmó hace unos días por el caso de la exfiscal.

Según fuentes de la OPE, el puesto que asumirá la exfiscal será clave en la administración, no solo porque trabajará mano a mano con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en uno de los principales focos del “gobierno de emergencia”, sino que tendrá que liderar uno de los temas que se consideran más importantes, como el trabajo más directo con los municipios, las policías y también con las víctimas.

En ese contexto, en el entorno de Kast reconocen que fueron dos factores los que pesaron para nombrarla: la larga trayectoria que tuvo como fiscal, que se extendió por casi 20 años, pero también el hecho de poner presión a los libertarios pensando en la relación con ese partido una vez Kast entre a La Moneda.

De hecho, mientras que en el entorno de Kast afirman que en ningún momento se le solicitó congelar su militancia, entre los libertarios destacan que tampoco está contemplado que deje el partido y que “colaborarán en lo que se pueda”.

Quienes la conocen afirman que es de un perfil principalmente técnico y con mucho conocimiento del funcionamiento del Estado, sobre todo del Poder Judicial, el Ministerio Público y el rol de las policías en el combate contra el crimen organizado.

Abogada de la Universidad Central, misma casa de estudios de Steinert, a partir de 2004 ingresó al Ministerio Público como fiscal, puesto en el que la mayor parte de su carrera la desarrolló en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

Allí, se enfocó principalmente en delitos sexuales y de género, violencia intrafamiliar y delitos de alta connotación social. Por ejemplo, uno de los casos que asumió fue el del pastor evangélico Ricardo Cid, acusado por abuso sexual a una menor de 17 años.

Antes del Ministerio Público también se desempeñó como abogada del departamento jurídico de Maltrato Infantil del Servicio Nacional de Menores (Sename). En esa cargo, participó de la investigación del denominado caso Zacarach, en el que se condenó a Rafael Maureira, líder de la red de pornografía y pedofilia Paidos.

Tras dejar la Fiscalía, en tanto, trabajó como abogada de la Dirección de Convivencia de la Universidad San Sebastián (USS), donde se mantuvo hasta agosto de 2024.

Por lo pronto, Quintana ya ha estado preparando su instalación en el Ministerio de Seguridad. Ya ha sostenido dos reuniones formales con Steinert y no se descarta que acompañe a la futura ministra a la reunión bilateral que sostendrá el próximo lunes con el actual jefe de la cartera, Luis Cordero.