Cámara aprueba proyecto que protege al denunciante anónimo en casos de corrupción en el Estado

03 DE OCTUBRE DEL 2020 MINISTRO DEL INTERIOR, VÍCTOR PÉREZ, DURANTE VOTACION DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

Proyecto, visado en la Cámara Baja con 130 votos a favor, pasó al Senado. “Va a permitir que quienes conozcan de actos irregulares o ilícitos en cualquier órgano de la Administración de la Administración Pública pueda denunciar y saber que no van a poder tomar medidas de represalia en su contra, porque si lo hacen, esas autoridades o quienes lo impulsen pueden ser destituidos y tener las máximas sanciones”, explicó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.




Durante este martes, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea un Estatuto de Protección para el Denunciante en caso de evidenciar un delito de corrupción dentro del Estado. La resolución tuvo 130 votos a favor y se despachó al Senado.

La iniciativa contempla generar un canal digital de denuncias, que operaría en la Contraloría General de la República, y donde cualquier persona natural o funcionario público podría denunciar hechos de corrupción que se cometan en el Estado, en caso de tener conocimiento de ellos.

Asimismo, el proyecto -formulado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el marco de la Agenda Anti Abusos- le otorga al denunciante el derecho de solicitar la reserva total de su identidad, con tal de evitar represalias u hostigamientos.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señaló que “la batalla contra la corrupción continúa. Hace dos años, se aprobó el Estatuto Anticorrupción, para terminar con la impunidad de los delincuentes de cuello y corbata”, y agregó que el recién aprobado proyecto “va a permitir que quienes conozcan de actos irregulares o ilícitos en cualquier órgano de la Administración de la Administración Pública pueda denunciar y saber que no van a poder tomar medidas de represalia en su contra, porque si lo hacen, esas autoridades o quienes lo impulsen pueden ser destituidos y tener las máximas sanciones”.

En concreto, se tomarían en cuenta ministerios, intendencias, gobernaciones, órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de una función administrativa, incluidas las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, los gobiernos regionales y las municipalidades, que se encuentren sujetas a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Proceso de denuncia

Una vez ingresada y revisada la denuncia por la Contraloría, ésta podría ordenar investigaciones o sumarios. Si los hechos calzan con el carácter de delito, se pondrían en conocimiento del Ministerio Público, entidad a cargo de mantener la reserva de identidad de la persona denunciante, en caso de haber sido solicitado.

Si el denunciante es un funcionario público (de planta, contrata u honorarios), este podría solicitar que la Controlaría disponga medidas de protección adicionales, con el objeto de prevenir actos que afecten su estabilidad laboral.

Contra el hostigamiento y la denuncia calumniosa

No obstante, también existen sanciones para quienes hagan mal uso de este proceso.

La iniciativa castigaría hasta con la destitución a aquellos funcionarios públicos que adopten acciones de hostigamiento en contra del denunciante, o en contra de quien declare como testigo en una investigación administrativa o ante la justicia.

Por otra parte, el proyecto refuerza el delito de denuncia calumniosa, a modo de cautelar el buen uso del mecanismo.

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