Comisión Coordinadora de Justicia Penal acuerda reducir el número de prisiones preventivas

Foto: Agencia Uno

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo que se buscará que se apliquen los criterios dentro del proyecto de indulto conmutativo. Es decir, que personas en prisión preventiva y “en riesgo de salud (...) esté bajo arresto domiciliario".




Este miércoles, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, encabezó una reunión de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal -a la que asistieron autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros, la PDI, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería y Sename-, y donde se abordó la revisión de las prisiones preventivas dictadas contra imputados, con el objetivo de que las instituciones puedan revisar aquellos casos en que esta medida cautelar sea posible cambiarla y cumplir la condena fuera de la cárcel.

"Hicimos presente la necesidad de que en materia de prisión preventiva, se apliquen los criterios que están contenidos en el proyecto de indulto conmutativo, que busca que la población bajo riesgo de salud, que está en prisión preventiva en este momento, esté bajo arresto domiciliario, para así facilitar su situación y no generar contagio al interior de los penales”, dijo al respecto Larraín.

Luego de la instancia, el secretario de Estado también se refirió a lo controles de detención: "Se están haciendo hoy día en las comisarías, y probablemente, no cumpliendo debidamente el ordenamiento que obliga a hacerlo en los propios tribunales de justicia. En atención a la situación que vivimos, se acordó que en el caso de la Región Metropolitana, estos se harán en el territorio jurisdiccional del Centro de Justicia de Santiago, y el resto podrá seguir haciéndose a través de entrevistas remotas a distancia, para asegurar la rapidez, y no el intercambio y traslado de personas en atención a la situación que se vive”, sostuvo.

Finalmente, el titular de Justicia informó que respecto de la Ley de Entrevistas Videograbadas, se va a estudiar un proyecto de ley para prorrogar su entrada en vigencia, cuya segunda etapa de implementación debería ocurrir en octubre de este año.

“En atención de lo complejo de poner en marcha esta ley, con infraestructura que no se ha podido construir, capacitaciones que no se han podido realizar, y acreditaciones que están aún pendientes, y estando nosotros estamos muy conscientes de la importancia de esta ley, dado que no puede entrar a funcionar en mala forma, se ha acordado la prórroga de su implementación, con plazos todavía por definir”, explicó Larraín.

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