Hace unos días, La Tercera informó que 25 millones de pesos costará la adjudicación de un plan de muestreo de drogas a autoridades gubernamentales, incluyendo al propio Presidente Gabriel Boric, como consecuencia de lo aprobado en la última discusión de la Ley de Presupuesto, en una inusual jugada legislativa de la oposición.

Este test de drogas para autoridades que forma parte de la glosa presupuestaria no es el único que está sobre la mesa. Además, existe una iniciativa legal que avanza en el Congreso y una instrucción que pertenece al Reglamento Interno de la Cámara de Diputados.

Acá una explicación de las similitudes y diferencias entre estas tres instancias:

Ley de Presupuestos

La oposición impulsó, y con sus votos aprobó, una glosa en la partida de la Presidencia de la República, que argumentaba que las autoridades debían dar el ejemplo y someterse a las mismas reglas que se aplican a cualquier empleado fiscal.

“El Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, dice la glosa aprobada en la Cámara de Diputados y luego ratificada por el Senado.

De esta, manera la Dirección Administrativa de la Presidencia suscribió un convenio con Senda para desarrollar el muestreo a través de una licitación pública.

En esta línea, Senda se ceñirá a su protocolo tradicional y los resultados se manejarán en forma reservada. Los test de los ministros serán puestos en conocimiento de los subsecretarios y viceversa, mientras que las conclusiones del examen al que se someta el Presidente Boric se entregarán a Antonia Illanes, actual jefa administrativa de La Moneda.

Debido a que la glosa aprobada por el Congreso no señalaba detalles, el test se realizará mediante simple muestra de orina para medir “consumo reciente”, tras “coordinación previa con las autoridades”.

Proyecto de ley

Por otro lado, en el Congreso se encuentra en discusión un proyecto de ley – que a fines de marzo fue aprobado por la Cámara y volvió a la Comisión de Gobierno Interior- que hace exigible el test de drogas para el Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios y candidatos a alcaldes y concejales.

Según explica una de las impulsoras de la moción parlamentaria, Paula Labra (Ind.-RN), la iniciativa que se desprende de la glosa presupuestaria “no establece qué tipo de control de drogas deben realizarse. No dice si es un test de pelo, de orina y tampoco explicita si los resultados deben ser públicos, privados, entre otros detalles”.

En tanto, la parlamentaria explicó que la iniciativa legal que ella impulsó, junto a otros diputados es “para que todas las autoridades, partiendo por el Presidente de la República e inclusive los candidatos a elecciones populares, deban realizarse un test de droga de pelo y los resultados también tienen que ser públicos”.

El proyecto de ley busca modificar la Ley 20.000 y de ser promulgada, tendrán la obligación de someterse al test de drogas los candidatos a Presidente, senador, diputado, gobernador regional, core, alcalde y concejal. Y para que el Servel admita la candidatura se debe presentar una declaración jurada y examen médico que acredite no ser consumidor.

Además, el proyecto modifica la Ley del Congreso (18.918) y no podrá asumir el cargo de diputado ni senador quienes tenga dependencia a drogas.

Asimismo, la iniciativa sostiene que quienes ejercen cargos públicos deberán someterse a test de drogas al menos una vez al año durante el ejercicio del cargo y que los resultados serán públicos.

Reglamento interno de la Cámara de Diputados

En tanto, en la Cámara de Diputados hace tres años se aprobó una iniciativa que modificó el reglamento interno de la Corporación con lo que se obligó a los parlamentarios a someterse a un análisis de droga.

De esa manera, a fines de septiembre de 2022 se dieron a conocer los resultados del test de drogas de los primeros 78 diputados que, de forma obligatoria y a través de una muestra de pelo, debieron concurrir a fines de agosto de ese año a las dependencias del laboratorio de la Universidad de Chile para realizarse la prueba.

En ese entonces se informó que 75 diputados se hicieron la prueba, de los cuales ninguno presentó infracción a las normas del reglamento que regula la prevención del consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas.

A quienes no se realizaron la prueba de drogas se les aplicó una medida disciplinaria de amonestación y una multa que llegó al 15% de la dieta parlamentaria.