El miércoles de esta semana, la bancada de diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) sostuvo una reunión con el subsecretario de Justicia, Luis Silva. A él se le presentó una petición significativa para la colectividad que lidera Johannes Kaiser: indultos para cuatro militares y siete carabineros condenados en el marco de las movilizaciones de 2019.

Tras el encuentro, la diputada Paulina Muñoz dijo a este medio que “entregamos (al gobierno) los antecedentes de siete carabineros y cuatro militares que defendieron el Estado de derecho en 2019. Si bien el indulto es facultad presidencial, solicitamos que el Presidente considere a estos funcionarios que solo cumplieron con su mandato constitucional para defender a miles de chilenos de actos incluso terroristas. Chile debe respaldar a quienes arriesgaron su vida por el orden público, no a quienes los persiguen con fines ideológicos”.

Dentro de los carabineros incluidos en la nómina elaborada por los libertarios está el excapitán Patricio Maturana, condenado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas, que terminaron con la ceguera total de la hoy senadora Fabiola Campillai.

Según se argumenta desde el partido, la pena otorgada a Maturana “es injusta, pues no se configura el tipo penal porque no existe dolo ni menos un actuar negligente o culposo”.

Otro caso incluido en la petición de los libertarios es el del excarabinero Víctor Lastra y el excabo primero Henry Cuéllar, también condenados por apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas al haber golpeado a Mario Acuña en Buin.

Los otros excarabineros por los que se pide un indulto son el excabo primero Belisario Morales, el exsuboficial mayor Luis Castillo, el excabo segundo Gustavo Ferrada y el exteniente Nicolás Neira.

En el caso de los militares, los parlamentarios incluyeron dos causas. La primera de ellas involucra al excapitán del Ejército José Faúndez, quien en octubre de 2019 dio la orden de disparos disuasivos de fogueo que terminaron con la muerte de Romario Veloz y dos heridos. En su caso fue condenado a 15 años, mientras que el excabo segundo José Arenas y el exsoldado conscripto Carlos Robledo recibieron cinco y 10 años, respectivamente.

Por último, los diputados destacaron el caso del excabo primero Pedro Lavín, quien fue condenado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas a siete años, por haber disparado contra la pierna de Carlos Astudillo.

En referencia a la petición, el diputado Hans Marowski argumentó que “el Estado tiene el monopolio de la fuerza, precisamente para resguardar el orden y la seguridad de todos nosotros. Ese principio exige coherencia: no se puede, por una parte, exigir actuación en contextos complejos, violentos, de terrorismo, como lo que vimos el 18 de octubre, y, por otra parte, desentenderse de quienes actuaron en cumplimiento de esa función”.

“Situaciones como la del capitán Faúndez, el cabo Lavín del Ejército, muestran una inconsistencia que el Estado debe corregir para dar una señal clara. No vamos a abandonar a quienes nos protegen”, agregó el parlamentario del PNL.

Por su parte, el jefe de la bancada de los diputados PNL, Cristóbal Urruticoechea, planteó que “lo que está pidiendo el partido es que no exista discriminación en los indultos. Es decir, que aquellas personas que están en estado terminal, aquellas que tengan Alzheimer, una edad tan avanzada que ni siquiera puedan caminar, no mueran esposados en una camilla. También que se indulte a las personas de orden y seguridad pública que combatieron esta guerra civil que pretendió la izquierda el 18 de octubre. Eso es lo que quiere el PNL”.

El 12 de marzo, tras asumir la Presidencia, José Antonio Kast dijo -en entrevista con Canal 13- que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

Esta semana, los diputados libertarios también tuvieron una reunión con el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Sobre ese encuentro, la diputada Muñoz sostuvo que “abordamos temas críticos para la seguridad del país, partiendo por el patrocinio de nuestros proyectos de ley y el cuestionado financiamiento al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Para nuestra bancada es inaceptable mantener recursos a un organismo que no actúa de manera pareja“.