A más tardar el martes de la próxima semana, el Congreso podría estar en condiciones de despachar a ley el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

A partir de ese momento (incluso podría ser el miércoles 15 de julio si el Senado acuerda apurar el tranco), en que se envíe el oficio al Ejecutivo informando de la total tramitación, comienza a correr un plazo draconiano que contempla la Constitución para realizar impugnaciones ante el Tribunal Constitucional (TC).

Según la Carta Fundamental, un 39 diputados o 13 senadores pueden alegar vicios de constitucionalidad de una iniciativa, siempre y cuando, la presentación se haga antes de la promulgación de la ley.

Además, en ninguna circunstancia, se acogerá el requerimiento al TC ingresado “después del quinto día del despacho del proyecto”, en la eventualidad de que el Presidente Kast demore su promulgación (no sería el caso, pues la intención del gobierno es transformar la megarreforma en ley lo más pronto posible).

Por lo tanto, si La Moneda acelera la promulgación le pondría una presión adicional a las directivas de los partidos opositores, que ya resolvieron avanzar con la impugnación constitucional. La ofensiva quedó en manos del abogado constitucionalista Tomás Jordán (ligado a la DC), que también están trabajando en coordinación con otros juristas como el exministro Jaime Gajardo (PC), entre otros.

El problema es que, si se demoran en reunir las firmas de legisladores; o dilatan la redacción de los fundamentos del texto (que en el caso de presentaciones al TC revisten de una complejidad mayor); o simplemente se retrasan por falta de acuerdo, ello podría traducirse en un fracaso, con ribetes de bochorno, de la presentación.

Fuera de juego

En el pasado ha habido casos, en que La Moneda ha jugado con habilidad este resquicio constitucional para derribar de entrada arremetidas opositoras ante el TC.

En enero de 2020, por ejemplo, durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, el Tribunal Constitucional le dio una muerte súbita a un escrito de los diputados del Frente Amplio en contra de la llamada ley antisaqueos y antibarricadas. “Se declara inadmisible de manera unánime el requerimiento de inconstitucionalidad formulado por un grupo de honorables diputados de la República”, entre los que figuraba Gabriel Boric.

La razón se debía a que la presentación fue realizada a las 18:33 del martes 21 de enero de 2020, pero ese mismo día, a las 12:35, el gobierno de Piñera ya había ingresado el decreto promulgatorio en Contraloría, lo que dejó fuera de plazo -solo por unas horas- el recurso opositor.

Aparentemente, Boric aprendió la lección. De hecho, cuando fue Presidente de la República usó ese mismo resquicio para dejar fuera de juego acciones de diputados oficialistas

En abril de 2023, el Presidente Boric, promulgó la Ley Nain-Retamal, que establecía un estatuto de protección jurídica a policías, a pesar de las disidencias en sus propias filas, de parte de legisladores frenteamplistas y comunistas, que estaban elaborando un requerimiento ante el TC. Con el acto del Mandatario, esa ofensiva murió.

En octubre de 2022, había ocurrido algo similar, pero con un tratado internacional. En aquella oportunidad, de forma unánime, el Tribunal Constitucional resolvió no admitir a trámite el requerimiento que buscaba “invalidar” el proceso de tramitación que tuvo en el Congreso el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TPP11), presentado por un grupo de diputados de izquierda.

El pleno de ministras y ministros adoptó la decisión por la condición de “extemporáneo” del requerimiento.

La presentación, coordinada por el senador independiente, Karim Bianchi, pero que contaba con firmas de diputados del Frente Amplio, del PC, del Partido Radical y el PPD, fue ingresada el 19 de octubre.

El problema es que, en el caso de los tratados internacionales, el plazo es igual de estrecho, pues los cinco días corren desde que se informa la completa tramitación por parte del Congreso, lo que -en el caso del TPP11- ocurrió el 12 de octubre de 2022.

Los requirentes, además, cometieron el error de contar solo los días hábiles, sin embargo, en el caso de los plazos constitucionales se aplican los días corridos (lunes a domingos, e incluso feriados).

Invariabilidad en la mira

Uno de los temas por los que la oposición recurriría al TC, es la invariabilidad tributaria contemplada en el megaproyecto.

Si bien la fórmula fue atenuada por el Ejecutivo, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló que no se acogieron “las mejoras que, como Partido Socialista, senadores del partido”, hubieran querido. “Entendemos que esta norma finalmente no cumple con los estándares que nos habría gustado que se contemplaran. Y, como hemos señalado anteriormente, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, porque sostenemos, de acuerdo a lo que han señalado los abogados expertos, no cumple con nuestra Constitución”.

El senador Diego Ibáñez (Frente Amplio) dijo que “la estabilidad no puede estar amarrada, sujeta a una norma específica”. “Yo soy de la idea de que un acuerdo de esta envergadura requiere mayoría sostenible en el tiempo. Esta es de esas normas que, si es que el progresismo llega nuevamente a ser gobierno, va a retrotraer, va a eliminar. No sé si eso genera algún tipo de garantía para el futuro. Esta norma es una invariabilidad peor que la invariabilidad que tenía Pinochet”.