“Es inequívocamente satisfactorio”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al calificar las bondades que tuvo para el Ejecutivo el veredicto de Tribunal Constitucional ante los tres requerimientos presentados por la oposición en contra del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

“La noticia increíblemente buena es cómo el tribunal, reconociendo toda una historia -así supongo que estará en la sentencia- institucional de Chile, de muy de muy larga data en materia de invariabilidad, la ratifica en su decisión”, dijo el jefe económico en conversación con T13 Radio, cuyas palabras también fueron complementadas por otras declaraciones de parlamentarios oficialismo que salieron en forma alineada, aparentemente ceñidos a minutas similares, a minimizar los puntos negativos de la resolución del TC, cuyos argumentos para fallar aún no se conocen plenamente.

Paradójicamente, aun cuando el “corazón” tributario de la megarreforma se mantuvo invicto, los legisladores opositores también celebraron la decisión de los magistrados, pues acotaron el margen de la invariabilidad tributaria y extirparon de cuajo las normas para otorgar una indemnización a los inversionistas a los que se le revoque en la justicia un permiso de calificación ambiental (RCA).

En todo caso, estos mismos dos puntos alterados por el TC, el ministro Quiroz los había defendido en el trámite legislativo como herramientas para dar certezas a los inversionistas.

Reacciones

“Recibimos la resolución del TC de manera muy positiva, nuestros requerimientos permitieron poner límites a la invariabilidad tributaria, quedando circunscrita a inversiones con impacto real en nuestra economía (mineros, industriales, forestales, energía, infraestructura, telecomunicaciones, de investigación y de orden tecnológico) no con la amplitud y laxitud que planteaba el texto aprobado”, dijo el jefe de bancada de los diputados PS, Raúl Leiva.

“Le decimos fuerte y claro al gobierno que en esta materia teníamos razón”, manifestó el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto.

“El tribunal nos dio la razón en materias relevantes”, señaló el diputado Marcos Barraza (PC),

“Valoramos este fallo favorable”, añadió el senador Alfonso De Urresti (PS), quien fue coordinador de la impugnación en contra de la norma que reintegraba gastos ante la revocación de una Resolución de Calificación Ambiental. “Era una figura inédita en nuestro ordenamiento jurídico, y que venía a desordenar, a generar una alteración en los principios de responsabilidad del Estado”.

Pese a ello, un balance positivo igualmente hizo la derecha.

“Se superó la última valla del proyecto y tal como lo dijimos, la invariabilidad era perfectamente compatible con el texto vigente de la Constitución, salvo en algunas materias accesorias que no dificultan ni entorpecen (el objetivo del proyecto)”, expresó el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

El jefe de diputados de RN, Diego Schalper, dijo que “en lo medular la invariabilidad tributaria se mantiene inalterada y, por lo tanto, esto es un triunfo del planteamiento del gobierno”.

“No se tocó el corazón de la invariabilidad tributaria”, agregó su par Paulina Muñoz (libertaria).

“Viendo a la oposición celebrar el fallo del TC, cualquiera pensaría que echaron abajo el proyecto de Reconstrucción. Es como si un vegetariano celebrara que no hay más hamburguesas, porque le quitaron los pepinillos… y se olvidan de que la hamburguesa sigue completa”, dijo el diputado Agustín Romero (republicano), presidente de la Comisión de Hacienda.

Qué se impugnó y qué no

De los 63 artículos de la megarreforma (38 permanentes y 25 transitorios), la oposición impugnó 8 de esas normas (artículos 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 17°, 29°, 38°), relacionados con concesiones de acuicultura, procedimientos de calificación medioambiental (incluyendo el derecho a indemnización) y la invariabilidad tributaria, que era el único punto del llamado “corazón” de la iniciativa.

No obstante, las otras normas controversiales, ni siquiera estuvieron en litigio en el TC. Se trataba de las medidas que tendrán mayor impacto fiscal como la rebaja del impuesto a las empresas de 27% a 23%; la reintegración tributaria; la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales; y la rebaja de contribuciones para mayores de 65 años.

Estas normas ya estaban aprobadas por el Congreso desde mediados de julio, junto a otras apoyadas transversalmente o que quedaron con redacciones consensuadas entre el gobierno y la oposición como los artículos sobre la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y el Biobío; la nueva franquicia del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence); y un acotado crédito al empleo.

Lo que viene

Por su parte, aún está en manos del TC un paquete de 8 artículos (uno de los cuales ya se cayó sobre las indemnizaciones) que obligatoriamente debían ser revisados. Entre ellos figuran normas que inciden en la orgánica de los tribunales y otro que ha sido objeto de polémica por la compensación de dineros fiscales para las municipalidades, que sufrirán una merma por la rebaja de contribuciones.

En este punto, la oposición hizo reservas de constitucionalidad, por lo que podría eventualmente presentar un cuarto requerimiento al TC (que se sumaría al que presentaron los senadores y a los dos patrocinados por diputados, cuyo veredicto ya se conoce).

No obstante, hasta el viernes, la decisión era presentar un simple oficio, un “téngase presente”, para alertar a los ministros de posibles infracciones constitucionales toda vez que el tema de las platas municipales igualmente debe ser revisado.

Además, repentinamente se sumó otro requerimiento, esta vez del Presidente de la República, José Antonio Kast, contra un artículo que obliga reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas bajo un estado de excepción constitucional de catástrofe. Ese punto, sin embargo, recién comenzó a ser visto por el Tribunal Constitucional por lo que un fallo en este tema podría demorar dos semanas más.

El fallo

En lo medular, en la sentencia relacionada con los tres requerimientos de la oposición, el TC acogió parcialmente los reclamos.

En invariabilidad tributaria, se mantiene el régimen de estabilidad por 10 años, cuando la inversión sea superior a US$50 millones; de 15 años, para montos superiores a US$100 millones; y de 20 años, para cifras mayores de US$350 millones.

Sin embargo, se elimina la posibilidad de ampliación vía administrativa del plazo por parte del Ministerio de Hacienda y hacer extensiva la invariabilidad a los “proyectos conexos”.

En la indemnización por anulación de RCA, se declararon inconstitucionales íntegramente los artículos 12 y 13.

En reclamaciones ambientales, se borró la restricción para quienes no formularon observaciones durante la etapa de participación ciudadana. Ahora podrán presentar reclamación, aunque no hayan participado en esa fase.

En materia de micro-relocalizaciones de concesiones acuícolas se declara inconstitucional parte de su articulado, que afectaba el Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental.