Gobierno envía a Contraloría cambios a Plan Nacional de DD.HH.

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La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y el Presidente Sebastián Piñera.

Ejecutivo ingresará este jueves el escrito, en el que se ratifica que no se impulsará el matrimonio igualitario.




En diciembre de 2017, la entonces Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, iniciativa que está establecida en la Ley 20.885, que creó la Subsecretaría de DD.HH.

La medida contenía 634 acciones, y cuando llegó Sebastián Piñera a La Moneda instruyó revisarlas para ver cuáles se iban a mantener y cuáles no. Esto, con el objetivo de que fueran coherentes con su programa de gobierno.

Así, la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, puso en marcha un comité interministerial para determinar qué medidas iban a continuar. Y luego de ese proceso, el Ejecutivo retiró de la Contraloría -en diciembre de 2018- el decreto que había dejado la administración anterior con el detalle del plan. Esto, justamente, para introducir modificaciones, incluyendo, además, algunas observaciones hechas por el propio organismo.

Así, nueve meses después, Recabarren y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, ingresarán este jueves, a las 10.30, el decreto a Contraloría con los cambios definitivos, los que ya fueron aprobados por Piñera. Posteriormente, ambos sostendrán una reunión con el contralor Jorge Bermúdez.

El proceso de ajuste incluyó tres fases: levantamiento de observaciones, propuesta de cambios de forma y fondo y, finalmente, la aprobación del comité interministerial. Y en la Subsecretaría de DD.HH. afirman que, tras ese proceso, el plan quedó con 608 acciones, 26 menos de las que estableció Bachelet.

En cuanto al plan original, en una minuta de la cartera se detalla que se eliminaron solo dos medidas -de la Subdere y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social-, debido a que "correspondían a programas descontinuados". Y se agrega que la diferencia restante se explica por la fusión de más de 20 acciones y la "incorporación de 13 nuevas".

Sobre los ajustes de forma, en ese escrito se explica que hubo cambios en algunas de las variables de las acciones, por ejemplo, descripción, plazo y presupuesto. Y, en relación a las modificaciones de fondo, hubo ajustes en la redacción y reemplazo de acciones. Por ejemplo, tras la revisión del plan, Piñera ratificó -con el objetivo de respetar lo planteado durante su campaña- que, en el caso del proyecto de matrimonio igualitario que se encuentra en el Senado, solo se "monitoreará" y no se promoverá su tramitación, a diferencia de lo que establecía el plan original de Bachelet.

Asimismo, entre las acciones fusionadas hay varias que se relacionan con promover la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad. En una de ellas, la propuesta original de Bachelet establecía como objetivos "asistir a las víctimas directas o familiares en la interposición de acciones en casos de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, mediante la adopción de un convenio de colaboración con la Corporación de Asistencia Judicial". Esto, además de promover la ampliación "de facultades de la Subsecretaría de Derechos Humanos respecto de los casos de víctimas de prisión política y torturas calificadas por las comisiones respectivas".

Finalmente, el gobierno ahora estableció como propuesta "elaborar un informe que recoja opciones de mecanismos para el acceso a la justicia para las víctimas de prisión política y tortura".

Además, también se reafirmó una decisión que había sido adoptada por el comité interministerial: que no se anulará el Decreto Ley de Amnistía y que tampoco se conformará una comisión calificadora permanente de víctimas de tortura política. En ambos casos, se optó también por preparar informes, los que -dicen en el gobierno- ya empezaron a ser elaborados.

Nuevas acciones

Entre las nuevas medidas se encuentran la promoción de una cultura de derechos humanos en las empresas públicas y privadas; articular acciones de prevención y acción posdesastres para "hacerse cargo de los pasivos ambientales dejados por faenas mineras que culminaron su funcionamiento, previo a que existiera la actual legislación ambiental", y fortalecer la autonomía económica y política de las mujeres en todos los espacios de toma de decisión.

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