Otro de los temas que abordó el informe elaborado por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet -y que reveló que durante el estallido social "se han cometido un número elevado de violaciones graves a los derechos humanos"- fue el acuerdo por una Nueva Constitución alcanzado por un grupo transversal de partidos políticos.

Al respecto, el documento consigna que "el 14 de noviembre, los partidos políticos llegaron a un acuerdo para poner en marcha un proceso para cambiar la Carta Magna, incluido un referéndum inicial en abril de 2020".

Sin embargo, explica, que pese a este anuncio "hasta la fecha de redacción de este informe, las protestas continuaban en diferentes regiones del país, aunque con menor intensidad. Asimismo, la Oficina continúa recibiendo información sobre presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de Carabineros".

En este sentido, en las recomendaciones realizadas por la ONU al Estado chileno se encuentra "asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional".

El informe además consigna que "la discriminación en contra de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas LGBTI, también son parte de las quejas subyacentes a la ola de protestas. La desigual participación de segmentos o grupos de la población en ciertos espacios democráticos ha contribuido a la desconexión con los partidos y procesos políticos".