Desde el aluvión que el jueves pasado afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, hasta las inusuales precipitaciones, con granizos y un tornado registrado ayer martes en Santiago, el despliegue presidencial ha sido distinto al que vivió durante el invierno.

Esta vez, Kast se ha mantenido en La Moneda, mientras la respuesta del Ejecutivo ha recaído principalmente en las autoridades sectoriales y en los equipos encargados de coordinar la emergencia.

El contraste no ha pasado inadvertido. Las lluvias de julio, que golpearon con fuerza a distintas localidades de la zona centro-sur y al norte del país, habían dado lugar a una estrategia que puso al Presidente en el centro de la respuesta gubernamental, tanto por su presencia en terreno como por el papel que asumió para comunicar él mismo las medidas adoptadas.

En esta ocasión, el gobierno ha debido enfrentar cuestionamientos por la ausencia de una alerta preventiva y, en las últimas horas, por la falta de claridad sobre quién comunica oficialmente las decisiones frente a una contingencia que alteró el funcionamiento de la ciudad. Además, ha tenido que lidiar con reparos sobre que las medidas en esta emergencia fueron más rápidas debido a que se trataba del sector oriente y de mayores recursos de la Región Metropolitana.

Así, la decisión de mantener al Mandatario en Palacio esta vez no fue al azar. En el entorno presidencial sostienen que durante esa jornada, se evaluaron distintos escenarios, entre ellos una eventual visita a terreno.

Algunos en La Moneda indican que incluso se barajó la posibilidad de que Kast acudiera a los centros de salud afectados por el aluvión, acompañado por alguna de las autoridades del Ministerio de Salud. Finalmente, primó el criterio de que el Presidente no se trasladara mientras la emergencia no estuviera controlada, para evitar que su presencia interfiriera en la gestión de la contingencia.

El análisis que se tuvo a la vista es que un desplazamiento presidencial podía obligar a destinar capacidades policiales al resguardo del Mandatario, en un momento en que los equipos debían concentrarse en atender la contingencia.

La evaluación apuntaba, además, a las diferencias entre los escenarios de julio y octubre. Mientras el sistema frontal del invierno afectó a numerosas localidades y comunidades de la zona centro-sur, el aluvión del jueves tuvo su epicentro en un sector acotado de Las Condes, aunque con consecuencias relevantes: vehículos arrastrados, un bus del transporte público volcado, viviendas y recintos de salud inundados y seis personas heridas.

La ausencia de fallecidos en ese episodio también formó parte de las circunstancias que distinguían ambos escenarios. Pero la dimensión territorial de la emergencia no impidió que se abriera un flanco para el Ejecutivo, particularmente por la ausencia de una alerta del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) que permitiera algún tipo de evacuación, por ejemplo, en altura.

La primera respuesta

El jueves 8 de octubre, cuando se produjo el aluvión, Kast acababa de regresar de una gira por la región del Biobío y la ciudad de Valdivia. El Presidente se encontraba reunido con el canciller Francisco Pérez Mackenna cuando integrantes de su equipo interrumpieron la cita para informarle de lo ocurrido en San Carlos de Apoquindo.

Así, a primera hora del viernes encabezó en La Moneda una reunión de emergencia con integrantes de su gabinete para coordinar la respuesta gubernamental, mientras las autoridades sectoriales se desplegaban en terreno.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, llegó al sector afectado y sobrevoló la zona durante la jornada del jueves. El subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, permaneció hasta altas horas en San Carlos de Apoquindo, mientras que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, se trasladó a Talagante para abordar las inundaciones que afectaron a familias del campamento Ribera del Río y que obligaron a habilitar albergues.

Las máximas autoridades de Interior, Claudio Alvarado y Máximo Pavez, debieron regresar a Santiago. El primero se encontraba en Chiloé junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, mientras que el subsecretario había estado durante la jornada en Rapa Nui.

En todo caso, las críticas a la gestión de la emergencia no se han centrado en la decisión presidencial de mantenerse en Palacio. Sino que el diseño comunicacional del Ejecutivo en la emergencia se ha convertido en un flanco, especialmente luego de que las precipitaciones del martes volvieran a poner a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, planteó este miércoles la necesidad de que el gobierno defina un vocero oficial para informar sobre las medidas que se adoptan durante una emergencia. A su juicio, la falta de una estructura clara dificulta que los municipios sepan a quién recurrir para conocer decisiones relevantes, como la suspensión de clases o la evolución de las alertas.

“Una cosa es que no haya Ministerio Secretaría General de Gobierno y otra es que no haya un vocero que comunique estas cosas”, sostuvo en Radio Universo.

El edil recordó su experiencia durante la pandemia, cuando se implementó una estrategia de comunicación de riesgo y cuestionó que, después de siete meses de administración y de una primera emergencia de magnitud la semana pasada, todavía no exista claridad sobre quién transmite oficialmente las decisiones del Ejecutivo.

“Los gobiernos necesitan voceros, eso es esencial”, insistió Sichel, quien planteó que la función de conducir políticamente al gobierno debe distinguirse de la tarea de comunicar sus decisiones. “Mi problema es que el vocero y el ministro de Interior no pueden ser la misma persona”, afirmó.

El alcalde también cuestionó la falta de claridad que, a su juicio, existe entre los reportes de las distintas autoridades, y pidió que el Ejecutivo identifique formalmente a quien debe comunicar la información oficial. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, también se plegó a los cuestionamientos.

La crítica apunta a un diseño comunicacional que se ha ido configurando tras la salida de Mara Sedini del gabinete y que ha dejado al biministro Alvarado concentrando las definiciones institucionales, mientras el subsecretario Máximo Pavez ha asumido buena parte de las comunicaciones cotidianas sobre la contingencia.

Pavez defendió este miércoles la forma en que el Ejecutivo ha informado sobre las emergencias. Según explicó, las vocerías se han realizado de manera permanente y han contado con la participación del subsecretario o del ministro del Interior, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

El subsecretario recordó que el sábado en la noche se realizó una mesa técnica con su correspondiente vocería y que, el martes, debido a las circunstancias extraordinarias que vivió Santiago, tanto Alvarado como él entregaron un balance provisorio de la situación. Posteriormente, agregó, él y la directora de Senapred difundieron un video con un nuevo reporte.

“Eso lo hemos hecho desde julio”, sostuvo, al defender la continuidad del mecanismo de comunicación empleado por el gobierno.

Sin embargo, las críticas a la vocería del gobierno trascienden la gestión de la emergencia y vuelven a poner sobre la mesa las definiciones pendientes en la estrategia comunicacional de La Moneda.

Alvarado y el asesor presidencial Cristián Valenzuela trabajan en un rediseño para dar mayor estructura y regularidad a las vocerías generales y sectoriales, además de establecer balances periódicos de la gestión gubernamental.

Pero ese ajuste no contemplaría, al menos en el esquema que se ha venido trabajando, volver a instalar un ministro dedicado exclusivamente a la vocería, separado de Interior.

La apuesta apunta a ordenar los canales y las rutinas de comunicación, mientras sigue pendiente la búsqueda de un reemplazo para el subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos, con un perfil que tenga mayor peso político y capacidad de incidir en las decisiones del gobierno.