Hasta la tarde del domingo, dirigentes y parlamentarios seguían recibiendo invitaciones desde La Moneda para la firma este lunes -a las 8.45 horas- del proyecto de reforma constitucional contra el crimen organizado y el terrorismo, por parte del Presidente José Antonio Kast. Una iniciativa que ingresará a través del Senado con urgencia suma.

La ceremonia será la formalización de un anuncio que el Mandatario realizó el miércoles, durante la cadena nacional en que presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La enmienda contempla establecer expresamente que constituye un deber del Estado proteger la seguridad de las personas. Por lo mismo, la propuesta tiene una dimensión política que excede la agenda de seguridad: Kast vuelve a abrir la discusión constitucional.

La decisión ocurre después del fracaso de los dos procesos de elaboración de una nueva Constitución. El primero fue conducido por una mayoría de izquierda y terminó rechazado en el plebiscito de 2022. El segundo, liderado por el Partido Republicano, tampoco logró convencer a los electores y el texto fue desestimado en las urnas en 2023.

Después de esas dos derrotas se había instalado con fuerza, particularmente en la derecha, la idea de que convenía dejar atrás por un tiempo cualquier intento de reabrir la discusión constitucional. Los republicanos fueron, de hecho, protagonistas de ese segundo proceso y posteriormente defendieron que el debate debía cerrarse.

La paradoja es que ahora será precisamente ese sector, desde La Moneda, el que impulse una reforma no menor a la Carta Fundamental.

El argumento del gobierno es que no se trata de una modificación refundacional, sino de adecuaciones específicas destinadas a entregar herramientas más eficaces para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió el ajuste en Mesa Central de Canal 13. “Es una reforma constitucional en tres ejes, bien acotada, para dar algunas funciones y atribuciones nuevas en términos de seguridad. Son herramientas nuevas”.

En concreto, la propuesta contempla tres modificaciones. La primera incorpora la seguridad pública como una obligación del Estado en el artículo 1 de la Constitución. La segunda establece un listado de organizaciones criminales y terroristas, asociado a un nuevo delito de pertenencia a estas agrupaciones. Y la tercera incluye un nuevo estado de excepción constitucional, permitiendo decretarlo ante una grave alteración de la seguridad pública.

Sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos amplios en el Congreso, Arrau sostuvo que la agenda de seguridad es distinta de la discusión económica y que se trata de un tema que “tiende a unir”. Según afirmó, el Ejecutivo ya ha conversado las iniciativas con parlamentarios oficialistas y opositores y existe un respaldo “más o menos amplio” a la mayoría de las propuestas.

Incluso -en un tono más informal y para graficar las mayores posibilidades de acuerdo- sostuvo que “el ministro Quiroz yo creo que tendría envidia si hubiera tenido esas cifras de su megarreforma. Cuando uno recorre los barrios y poblaciones pide esto (seguridad) y 10 más”.

Pero las primeras críticas opositoras han apuntado precisamente a la necesidad de modificar la Constitución para conseguir objetivos que, a juicio de sus detractores, podrían abordarse por otras vías.

La exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), sostuvo en Estado Nacional de TVN que la agenda anunciada por Kast tendrá respaldo opositor en buena parte de sus contenidos, pero advirtió que la reforma constitucional será uno de los puntos de mayor debate.

Su principal reparo no es solo al contenido, sino el énfasis que el gobierno está poniendo en la tramitación legislativa, pues, a su juicio, acelerar una agenda de esta magnitud puede terminar concentrando la energía del Estado y de las autoridades en el Parlamento, en lugar de enfocarla en la implementación de las medidas de seguridad ya aprobadas, gestión y el aumento de la dotación policial.

“Está ausente algo que debería ser prioridad absoluta”, sostuvo, apuntando a la necesidad de ampliar la dotación policial. También mencionó como materias pendientes la inteligencia económica, la infraestructura crítica y la prevención.

Sus cuestionamientos tuvieron respuesta inmediata desde el Partido Republicano. Su presidente y senador, Arturo Squella, criticó los planteamientos de la exministra y defendió la necesidad de modificar el marco constitucional.

“No sorprenden los comentarios de la exministra. Ella es parte de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista, en donde la proporcionalidad en el uso de la fuerza es la regla general, en donde eran más importantes los derechos de las personas que están privadas de libertad más que los de las víctimas”, afirmó.

A juicio de Squella, la agenda legislativa “perfectamente se puede hacer en paralelo con el trabajo operativo que está liderando el ministro Arrau”.

Otra voz opositora que cuestionó la iniciativa fue la presidenta del Partido Socialista y senadora Paulina Vodanovic. También en Mesa Central, señaló que echa de menos un combate efectivo contra el crimen organizado, y cuestionó que la respuesta pase por llevar ese objetivo al texto constitucional.

“Yo echo de menos un combate efectivo contra el crimen organizado, no a nivel constitucional, porque esto de poner una frase no va a cambiar la realidad”, afirmó.

Y aunque el presidente del PPD, Raúl Soto, sostuvo que “tenemos una predisposición positiva” y que “hay espacio para acuerdos en materia de seguridad”, insistió en que “hay que estar atentos al detalle de cada proyecto y analizarlo en su mérito”.

Las enmiendas -a su juicio- deben ser consensuadas. “Espero que el gobierno aborde este debate como una política de Estado y que no lo aproveche para intentar dar su batalla cultural e ideológica, intentando pasar temas que creo deben tratarse por separado. Acá el foco debe estar en el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia, y para eso toda la disposición”.

Otros reparos

Desde esa tienda, el senador Pedro Araya, independiente PPD, quien para la megarreforma había logrado un acuerdo con el gobierno en materia de invariabilidad tributaria, que al final se cayó por el cambio que Hacienda introdujo al impuesto corporativo del 27% al 22% y que no fructificó a pesar de que el gobierno volvió el guarismo al 23%, hizo ver que hay medidas que vienen de antes, que tienen que ser aprobadas. Pero encendió luces de alerta sobre algunas esbozadas en el paquete legislativo.

“Lo primero es que el Presidente Kast tiene que precisar en qué cifras se basó su relato para hacer los anuncios, porque claramente esas cifras no coinciden con la estadística oficial. Y si uno quiere construir políticas públicas de seguridad, en materia de seguridad, tiene que tener los datos correctos. No se pueden construir políticas públicas sobre la base de cifras erradas”, sostuvo, en relación a los 218 mil robos con violencia en 2025 de los que habló el Presidente Kast en la cadena nacional, estadística que ha sido refutada por la oposición.

Dos puntos observa -además- especialmente complejos. “Uno de ellos es la reforma constitucional que se va a plantear. Hay que tener presente que estos son temas que ya están regulados en la Constitución y en las leyes. Entonces, no vemos por dónde viene esta novedad que quiere presentar el gobierno”, dice. Y añade que el otro ítem preocupante es el registro de organizaciones criminales. “Queremos ver qué va a proponer el gobierno, pero creo que el Senado no es el llamado a reemplazar a los tribunales de justicia. Esa puede ser una muy mala solución”.

Uno de los proyectos -el que castiga el quebrantamiento de condenas- es de autoría del senador DC Iván Flores, para quien es valorable que el gobierno incluyera los proyectos que venían siendo tramitados desde la administración anterior.

Pero advierte que uno de los nudos está en la reforma constitucional, porque “no es claro qué es lo que pretenden con la reforma constitucional y el estado de excepción. Eso, sin duda, va a originar la discusión más dura”, dice, al insistir que el paquete tampoco contiene medidas de prevención ni el levantamiento del secreto bancario, iniciativa que ha sido una demanda permanente de la oposición.

Hasta ahora la oposición no tiene una postura común frente a este tema, cosa que empezarán a tratar de consensuar a partir de hoy. En lo que sí hay claridad es en que -al igual que lo sucedido con la megarreforma- no cuentan con los votos en el Congreso para hacer pesar su visión.