A las 22:19 horas del viernes 9 de octubre ingresó el requerimiento al Tribunal Constitucional firmado por 16 senadores de oposición en contra de la nueva ley de Reglas del Uso de la Fuerza.

La presentación busca impugnar algunas normas del proyecto —despachado por el Congreso el miércoles 7 de octubre— relacionadas con el uso de la fuerza potencialmente letal y el principio de proporcionalidad. Esta iniciativa busca precisamente dar un marco legal a las atribuciones de policías y militares para emplear armamento y adoptar acciones de fuerza.

Sin embargo, anticipándose a la arremetida de las bancadas opositoras, el Gobierno hizo una jugada legal, que ya había sido empleada en las administraciones de los presidentes Gabriel Boric y Sebastián Piñera: apurar la promulgación de la ley.

Horas antes del requerimiento, el pasado viernes a las 13:16 horas, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia ingresó el “decreto promulgatorio de la Ley N.º 21.849” a la oficina de partes de la Contraloría General de la República, a través de la plataforma de ventanilla única.

Incluso, la contralora Dorothy Pérez ya tomó razón del decreto promulgatorio el martes 13 de octubre. Por lo tanto, solo restaría que la ley sea publicada en el Diario Oficial para entrar en vigencia.

Extemporáneo

Sobre la base de esos antecedentes, este miércoles, el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad, Martín Arrau (republicano), presentaron un escrito ante el Tribunal Constitucional para que deseche el requerimiento opositor por haber sido presentado fuera de plazo.

“Solicitamos que el requerimiento sea declarado inadmisible, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, por los antecedentes y fundamentos que se exponen a continuación”, plantea el Gobierno, en vista de que la Carta Fundamental y la jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional han sido estrictas al aceptar solo requerimientos de la misma naturaleza siempre que sean ingresados antes del proceso ante la Contraloría.

“El Tribunal (Constitucional) sólo podrá conocer de la materia a requerimiento (...) siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley (...) y, en caso alguno, después de quinto día del despacho del proyecto”, dice la Constitución en su artículo 93°, principio que además es complementado por la Ley Orgánica del Congreso.

“Este criterio resulta pertinente para resolver la cuestión planteada en estos autos, y llevan inevitablemente a concluir que el requerimiento de autos fue interpuesto de forma extemporánea”, añaden Kast y Arrau en su téngase presente, que detalla las fechas y horarios del proceso promulgatorio desde su despacho por parte del Congreso.

“Con fecha 9 de octubre de 2026 (dos días después de su última votación), la Cámara de Diputados remitió el Oficio de Ley N° 21.641 al Presidente de la República comunicando la aprobación del Proyecto. Luego, ese mismo día, a las 13:16 horas, el decreto promulgatorio de la Ley N° 21.849 ingresó a la oficina de partes de la Contraloría General de la República", precisa el escrito gubernamental.

En respuesta, los abogados de los senadores de oposición presentaron un nuevo escrito en el que piden al TC rechazar “la objeción de extemporaneidad”, con el argumento de que el Diario de Sesiones, que da cuenta de la aprobación de la RUF, se les entregó recién el viernes a las 18 horas. Ese documento era sustancial para el requerimiento y su demora “impidió” que los senadores ejercieran su acción antes del hito promulgatorio, “por un obstáculo institucional ajeno a su voluntad, pese a haber actuado con diligencia y dentro del límite absoluto de cinco días”.

Ahora depende del TC ponderar estos antecedentes.

Fuera de juego

En el pasado, ha habido casos en que La Moneda ha jugado con habilidad este resquicio constitucional para derribar de entrada arremetidas parlamentarias ante el TC.

En enero de 2020, por ejemplo, durante el segundo gobierno de Piñera, el Tribunal Constitucional le dio una muerte súbita a un escrito de los diputados del Frente Amplio en contra de la llamada Ley Antisaqueos y Antibarricadas. “Se declara inadmisible de manera unánime el requerimiento de inconstitucionalidad formulado por un grupo de honorables diputados de la República”, entre los que figuraba Gabriel Boric.

La razón se debía a que la presentación fue realizada a las 18:33 del martes 21 de enero de 2020, pero ese mismo día, a las 12:35, el Gobierno de Piñera ya había ingresado el decreto promulgatorio en Contraloría, lo que dejó fuera de plazo —solo por unas horas— el recurso opositor.

Aparentemente, Boric aprendió la lección. De hecho, cuando fue Presidente de la República, usó ese mismo resquicio para dejar fuera de juego acciones de diputados oficialistas.

En abril de 2023, Boric promulgó la Ley Naín-Retamal, que establecía un estatuto de protección jurídica para los policías, a pesar de las disidencias en sus propias filas, de parte de legisladores frenteamplistas y comunistas, que estaban elaborando un requerimiento ante el TC. Con el acto del Mandatario, esa ofensiva murió.

En octubre de 2022, había ocurrido algo similar, pero con un tratado internacional. En aquella oportunidad, de forma unánime, el Tribunal Constitucional resolvió no admitir a trámite el requerimiento que buscaba invalidar el proceso de tramitación que tuvo en el Congreso el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), presentado por un grupo de diputados de izquierda.

El pleno de ministras y ministros adoptó la decisión por la condición de “extemporáneo” del requerimiento coordinado entonces por el senador independiente Karim Bianchi, pero que contaba con firmas de diputados del Frente Amplio, del PC, del PPD y del Partido Radical. Radical y el PPD.