Los cuatro ejes que propone la fiscalía para perseguir la corrupción

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El fiscal nacional Jorge Abbott se ha mostrado contrario a que existan tratos judiciales diferenciados.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, entregó al senador Felipe Harboe un documento con iniciativas para mejorar la persecución de delitos de cuello y corbata.




El uso de agentes encubiertos, la inclusión del testigo hostil y finalizar con tratos judiciales diferenciados. Estas son algunas de las medidas que para el Ministerio Público urge implementar en el actual sistema de investigación penal y que traerían como resultado "una respuesta enérgica y más potente frente a los abusos cometidos por quienes ejercen cargos en el poder económico o político". Todo esto, según la Fiscalía Nacional, "en aras de disminuir espacios de impunidad y eliminar la sensación de inequidad".

Estas propuestas y reflexiones se encuentran en un documento de 11 carillas que el viernes pasado el fiscal nacional, Jorge Abbott, entregó al senador PPD Felipe Harboe (ver entrevista). Este último, actuando como el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta.

Con la elaboración de este escrito se busca constituir una mesa de trabajo para realizar modificaciones a la legislación en tales materias.

Pese a que este es un tema que la fiscalía ha intentado impulsar hace años, es ahora, en medio de la crisis social, cuando la idea de concretar estas modificaciones tomó más fuerza.

Incluso, el Ejecutivo decidió acelerar la puesta en marcha de una agenda antiabusos o de trato justo, cuya primera parte se anunciaría este lunes. El encargado de liderar este proceso es el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien ha señalado que la relación entre productores y consumidores ha sufrido una pérdida de confianza. Y que, por esto, es necesario abordar estas materias para recuperar la confianza.

Sin embargo, las propuestas del Ministerio Público no solo abordan medidas para perseguir delitos económicos, pues también apunta al poder político. Estos son parte de la familia de delitos denominados frecuentemente como ilícitos de cuello y corbata.

"Transparencia Internacional señaló hace pocas semanas que la tolerancia cero a la corrupción pública y privada está en el centro de la solución a la crisis chilena. El organismo fue muy preciso en señalar que la sensación de impunidad de grandes fraudes ha contribuido a alimentar la rabia de una parte importante de los manifestantes", dijo el fiscal nacional Jorge Abbott.

Y añadió: "No es una justificación, pero para entender la profundidad de esta crisis sirve tener en cuenta que mientras se mantenga esta idea de que hay una justicia para pobres, en lo que dice relación con los delitos comunes, y otra para ricos, asociada a la corrupción y a los abusos de mercado, menos severa esta última y con mayores exigencias para su investigación y persecución, se mantendrá este nivel de desconfianza y desaprobación al sistema político y económico".

De acuerdo al documento, las iniciativas de la fiscalía se dividen en cuatro puntos. El primero aborda la idea de crear una Fiscalía Especial de Investigaciones de Alta Complejidad. El segundo eje llama a cumplir observaciones de organismos internacionales en materia de corrupción. La tercera temática apunta a eliminar el sistema que faculta al Ministerio Público investigar solo cuando hay denuncia de las instituciones que protegen bienes jurídicos colectivos, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Y el último eje, llamado "otras reformas legales", aborda los cambios que se le debería hacer a los tipos penales del financiamiento irregular de campañas políticas.

"En el artículo 30 inciso primero de la Ley N°19.884, por ejemplo, se coloca un límite de gasto electoral sobre cuyo exceso (un 40%) recién la conducta pasa a ser punible. En nuestra opinión esa redacción no se ajusta al espíritu del proyecto de regular de mejor forma esta materia, ya que la conducta reprochable debiese ser aquella en que sencillamente se infringen las normas de financiamiento electoral", dice el documento, independiente del monto obtenido usando mecanismos ilegales.

También, indican, la misma ley en su artículo 60 establece que la acción penal de los delitos electorales prescribirá en dos años desde que se comete el ilícito. Según el documento "llama la atención que el legislador en este punto haya decidido establecer una prescripción de corto tiempo, sin permitir que se apliquen las reglas generales en materia de prescripción de simples delitos, es decir, cinco años contados desde que se hubiere cometido el delito. La discusión en este punto fue álgida, al punto que varios parlamentarios instaban por una prescripción aún más breve, de tan solo un año".

Asimismo, se pide crear la figura del testigo hostil, debido a que en los casos de alta complejidad se ha visto -dicen- que testigos que exponen en juicio adoptan posiciones contradictorias con aquellas que describieron durante la investigación. En estas situaciones "el interrogatorio directo se muestra como una herramienta inidónea para incorporar información al tribunal", se señala.

El exfiscal Carlos Gajardo, quien investigó el caso Penta -en el que formalizó a parlamentarios por presuntos delitos tributarios ligados al financiamiento ilegal de campañas-, dijo que "la propuesta de la fiscalía tiene varias iniciativas muy necesarias y algunos déficit que es necesario abordar".

Añadió que hay un "tratamiento privilegiado para los delitos de cuello y corbata, entre ellos, la exigencia de denuncia previa en los delitos tributarios, de colusión y electorales". En ese punto, la fiscalía apunta a un "tratamiento legal privilegiado", que ha "operado como un obstáculo procesal para la investigación de imputados que ostentan cargos de representación popular o poder económico".

El texto también aborda la importancia de cumplir con observaciones realizadas a Chile por organismos internacionales en materia de corrupción. Entre ellas, apuestan por legislar en materia de recuperación de activos, para congelar bienes en el extranjero que hayan provenido de algún hecho corrupto. También, dice el texto, "nos parecería útil (...) autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de quienes cometan actos de corrupción".

Igualmente, creen necesario autorizar la intervención de agentes encubiertos en este tipo de delitos, así como las entregas vigiladas (cuando se descubre que existirá un pago de un soborno mediante la entrega de dinero efectivo)".

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