No hay más plazos. El martes -o a más tardar el miércoles-, el gobierno ingresará al Congreso el esperado Plan de Reconstrucción Nacional, la iniciativa más relevante del Ejecutivo en lo que va de su mandato y que en La Moneda reconocen como clave para encauzar la reactivación económica y definir el carácter de esta administración.

El proyecto, anunciado a mediados de marzo desde la Región del Biobío, a pocos días de que el Presidente José Antonio Kast asumiera el mando, contempla más de 40 medidas y combina cambios tributarios con incentivos a la inversión y mecanismos de financiamiento para la reconstrucción. Su contenido completo se conocerá finalmente esta semana.

Pero la antesala no ha estado exenta de tensiones. La cadena nacional del Mandatario, emitida hace algunos días, activó de inmediato las críticas de la oposición, donde incluso han surgido llamados a rechazar la idea de legislar antes de conocer el detalle del proyecto, así como advertencias de eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional. Desde la izquierda, en particular, se ha cuestionado el corazón de la propuesta, acusando que sus medidas tributarias beneficiarían de manera desproporcionada a los sectores de mayores ingresos.

Entre los ejes más controvertidos está la rebaja del impuesto corporativo desde el 27% al 23%, junto con la incorporación de un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para grandes inversiones. A ello se suma la exención del pago de contribuciones para primeras viviendas de adultos mayores de 65 años, medida que ha generado reparos debido a que, según sus detractores, podría favorecer relativamente más a contribuyentes de mayores ingresos, considerando que los tramos más bajos ya están liberados de ese pago.

Con ese escenario, el Ejecutivo activó un despliegue coordinado de sus principales ministros políticos y económicos. El titular de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el jefe de la Segpres, José García Ruminot, han asumido la vocería del proyecto en entrevistas televisivas y en la prensa escrita, replicando la estrategia utilizada tras la cadena presidencial.

En paralelo, La Moneda afina su estrategia legislativa. En términos formales, el Ejecutivo requiere solo dos votos de la oposición para aprobar la idea de legislar -aun cuando ha reiterado su interés por contar con una mayoría más amplia-, lo que ha llevado a concentrar esfuerzos en bancadas clave. Este lunes, en Valparaíso, García sostendrá una reunión con diputados del Partido de la Gente (PDG), colectividad donde no existe una postura única.

Mientras el fundador del partido y excandidato presidencial, Franco Parisi, ha recomendado rechazar la iniciativa, algunos parlamentarios han abierto la puerta a respaldarla. Es el caso de los diputados Cristián Contreras y Javier Olivares, este último -quien tras reunirse el viernes con el ministro en La Moneda- afirmó que su decisión no responde a directrices partidarias. “La única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más”, sostuvo, dejando ver disposición a colaborar con el Ejecutivo.

En esa misma línea, el jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, también se reunió con el ministro Alvarado. Si bien mantuvo la cautela -y destacó la disposición a conversar del titular de Interior-, enfatizó la necesidad de que el gobierno incorpore propuestas del partido, particularmente en materias que impactan a la clase media, como la eliminación del impuesto a la canasta básica y otros bienes de consumo esencial.

Dentro del gabinete, aunque el impasse por la eventual inclusión de un límite etario a la gratuidad universitaria fue superado -y finalmente descartado del proyecto-, en La Moneda se reactivó otra tensión: el peso político de la reforma dentro del gobierno y las señales cruzadas entre sus principales ministros.

Hace una semana, en entrevista con La Tercera, el titular de la Segpres había sido categórico al afirmar que “la rebaja del impuesto corporativo es irrenunciable y la reforma es clave para el éxito del Presidente Kast y su gobierno”. Sin embargo, este domingo, en entrevista con El Mercurio, Quiroz desdramatizó ese diagnóstico. “El gobierno no se juega el éxito con este proyecto”, sostuvo.

Así, en su participación en Mesa Central de Canal 13, García salió a matizar la aparente discrepancia: “Yo interpreto las palabras del ministro Quiroz en el sentido de que la acción del gobierno no se agota con este proyecto. Este proyecto es muy importante y el primero que nos lo recuerda cada semana es el ministro Jorge Quiroz y por supuesto el Presidente de la República”, afirmó.

El debate no es nuevo en el sector. En el oficialismo, algunos dirigentes han advertido sobre los riesgos de amarrar el éxito de una administración a una sola iniciativa, recordando lo ocurrido durante el gobierno de Gabriel Boric cuando -según esa lectura- el entonces ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, vinculó el destino del Ejecutivo al proceso constituyente, con efectos políticos adversos tras su desenlace.

Financiamiento y defensa de la iniciativa

En sus intervenciones públicas, los ministros también reforzaron los contenidos y fundamentos del proyecto. En Estado Nacional de TVN, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió el esquema de financiamiento de la reforma, asegurando que se sustenta en una combinación de ajuste fiscal, crecimiento económico y contención del gasto.

Según explicó, el gobierno proyecta recortes por US$ 3.000 millones durante este año, junto con ingresos adicionales derivados del mayor dinamismo económico que la propia iniciativa busca generar. En ese marco, insistió en que se trata de una propuesta “seria y responsable”, orientada a revertir el deterioro de las cuentas fiscales.

El jefe de gabinete también abordó las críticas por la rebaja del impuesto corporativo, cuestionada desde la oposición por favorecer a los sectores de mayores ingresos. A su juicio, la medida apunta a mejorar la competitividad del país, atraer inversión y generar empleo, en un contexto en que Chile -afirmó- mantiene una carga tributaria superior a la de otras economías comparables.

En la misma línea, García reiteró que el Ejecutivo buscará que el proyecto sea tramitado como un solo cuerpo, descartando dividir sus componentes, y subrayó que el gobierno se mantendrá disponible para dialogar durante la discusión legislativa.

Con el ingreso del proyecto previsto para los próximos días, en La Moneda confían en que la presentación del texto completo permita ordenar el debate, descomprimir las críticas iniciales y abrir espacios de negociación en el Congreso.