El plazo para presentar una acusación constitucional en contra de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert se acaba, y en la oposición lo saben.

El miércoles 19 de agosto, la exsecretaria de Estado queda eximida de la responsabilidad política que pudo tener en el ejercicio de su cargo, tal como lo señala el artículo 52 de la Constitución, que otorga un plazo de tres meses para acusar constitucionalmente a un exministro de Estado cuando deja su cargo.

El reproche de la oposición a Steinert es a raíz de que la Contraloría declaró improcedente una solicitud de información que realizó la exministra a la PDI durante su paso por el gabinete. Ese requerimiento derivó en la polémica remoción de la prefecta (r) Consuelo Peña de la institución policial y motivó que un grupo de diputados impulsara una comisión especial para revisar su gestión.

Inmediatamente conocido el pronunciamiento del órgano contralor, los diputados de oposición que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara se activaron para estudiar la herramienta que utilizarán para fiscalizar los actos realizados por Steinert en el ejercicio de su cargo.

Aunque no descartaron acusarla constitucionalmente, finalmente se decantaron por una comisión especial investigadora.

A un mes del pronunciamiento de Contraloría, y luego de que se rechazara el primer intento de conformar esta instancia fiscalizadora, los mismos diputados opositores redoblaron la presión y, en la reunión de comités parlamentarios del miércoles de la semana pasada, levantaron una alerta: si no se conforma la comisión, acusarán a la exministra.

La molestia en la oposición comenzó a escalar luego de que, con el transcurso de las semanas, se acrecentaran las sospechas de que las bancadas del oficialismo estaban retrasando la entrega de nombres para que integren la comisión y, así, blindar a Steinert.

Consultado el diputado Jaime Araya (ind.-PPD), señaló que “es impresionante cómo el oficialismo se las ha ingeniado para impedir que se constituya la comisión especial investigadora, como si fuera una maniobra muy inteligente para impedir que se presente una eventual acusación constitucional en contra de la exministra Steinert, dado el gravísimo reproche que hizo Contraloría a su actuar”.

“Sería absolutamente razonable –si van a seguir obstruyendo la constitución de la comisión investigadora– avanzar derechamente y empezar a redactar la acusación constitucional”, complementó Araya.

Y remató: “No puede ser que esta verdadera jugarreta que han armado –para que cierre el plazo para acusarla– nos deje sin posibilidad de investigar en profundidad los hechos”.

El diputado Raúl Leiva (PS), por su parte, explicó que en la reunión de comités de la semana pasada, “el secretario general nos planteó un plazo prudente para que los jefes de cada bancada elijamos a quienes los van a representar en esa comisión, y esa fecha vence esta semana”.

En ese contexto, el jefe de bancada de los diputados socialistas se mostró optimista de que en los próximos días pueda refrendarse en sala el acuerdo de la semana pasada. “Yo confío en la palabra del secretario general y de los comités”, aseguró.

La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), junto con confirmar este acuerdo, aseguró que “la conformación de las comisiones investigadoras tiene que pasar, en todos los casos, por la venia de la sala y después tienen que constituirse, ver quién la va a presidir y definir los días en los que van a sesionar”.

El futuro de Steinert

Luego de su salida del gobierno, la decisión de La Moneda era asignarle a la exministra una agregaduría en el extranjero. El propio canciller Francisco Pérez Mackenna admitió –en el programa Mesa Central– que esa posibilidad estaba siendo evaluada.

“Es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía”, dijo, el 12 de julio, al reconocer que la alternativa considerada correspondía a “un nombramiento de ese tipo”.

Sin embargo, el resultado de esta comisión investigadora frenó los planes de Palacio.

Aunque la comisión aún no constituye formalmente a sus integrantes, contará con un plazo de 60 días para desarrollar su trabajo.

Ese calendario es precisamente el que hoy pesa sobre las conversaciones que mantenía La Moneda para definir el futuro de la exsecretaria de Estado. En Palacio transmiten que no existe una decisión de descartar su nombramiento, pero sí la convicción de que lo prudente es esperar a que concluya ese proceso antes de avanzar con una designación.