El subsecretario de Justicia, Luis Silva, abrió un nuevo flanco en la discusión luego de afirmar que el gobierno cuenta con un “plan B” en caso de que la ampliación de Santiago 1 continúe entrampada judicialmente. La alternativa, según explicó, sería adelantar el proyecto de ampliación de la cárcel concesionada de Rancagua.

“Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”, señaló Silva en conversación con Estado Nacional de TVN.

Sus palabras se producen luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago ordenara detener los trámites asociados a la ampliación de Santiago 1, proyecto que contempla sumar cerca de 1.200 plazas en el paño Pedro Montt, sector donde ya se ubican el Centro de Justicia, el Servicio Médico Legal, Santiago 1, Santiago Sur, el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad y dependencias de Gendarmería.

Rechazo a la idea

En el Congreso, parlamentarios de la Región de O’Higgins cuestionaron los alcances de la declaración del subsecretario. El diputado Fernando Zamorano (PPD) apuntó que es “gravísimo tanto de forma y fondo” hacer comunicados de esta índole a través de la prensa y sin pensar en las comunidades locales.

En tanto, el diputado Raúl Soto (IND-PPD), reconoció que Chile atraviesa un “serio problema” en materia carcelaria. Sin embargo, apuntó que “no queremos transformarnos tampoco en el patio trasero de la delincuencia y de los reos de la Región Metropolitana. Por eso queremos evaluar, técnicamente y de forma responsable la propuesta que se haga a este respecto”.

Desde el partido socialista, el senador Juan Luis Castro acuso que el anuncio del subsecretario es “un despropósito”. Según el parlamentario “no se puede tratar de utilizar nuevamente la ciudad de Rancagua como el foco de la delincuencia, ahora concentrado en una cárcel, que es la misma que hemos tenido siempre por 20 años, y que ahora pretenden ampliar las plazas y etiquetarla de alta seguridad”.

“Eso está fuera de lugar y creo que no va a contar con el apoyo de nadie en la región de O’Higgins para hacer algo así”, agregó Castro.

La diputada Carolina Cucumides (IND-PS), en tanto, se opuso rotundamente al anuncio. “El problema de Santiago 1 no se puede resolver a costa de las regiones, la verdad que seguimos pagando los costos de que nuestra gente en regiones pague las faltas de planificación territorial de la Región Metropolitana”, apuntó.

Asimismo, Cucumides cuestionó la falta de consulta ciudadana de la iniciativa planteada por el Ejecutivo. “Nos oponemos de antemano a una una toma de decisiones del gobierno central sin participación ciudadana y sin participación de las autoridades locales”, sostuvo.

En esa misma línea, la diputada Valentina Cáceres (FA) se opuso a la propuesta del Ejecutivo y “siga viendo a nuestra región como el lugar donde se trasladan los costos de las malas decisiones tomadas en Santiago. El sector rural de Rancagua no puede convertirse en el patio trasero de la capital cada vez que una política pública fracasa o encuentra resistencia”

“Basta de que las decisiones que se toman entre cuatro paredes en Santiago sigan afectando a las familias de nuestra región. Los habitantes de O’Higgins merecen respeto y no ser considerados una alternativa fácil para resolver los problemas de la capital”, agregó Cáceres.

En tanto, la diputada Natalia Romero (IND-UDI) sostuvo que “entendemos que el gobierno necesita ampliar cárceles para su plan de seguridad, pero le invitamos a que conozca la realidad hoy día de Rancagua con la cárcel concesionada, a que busque lugares con menos población y por supuesto donde haya mayor factibilidad".

“Una cárcel cerca de tu lugar en donde vives, por supuesto que afecta. Invitamos al gobierno que así como quiere ampliar la cárcel de Rancagua, genere un plan especial contra la delincuencia en el cono norte de nuestra región y también en la ciudad de Rancagua", añadió Romero.